Por Francisco Diez-Canseco Távara
Lo ocurrido con el caso de Arlette Contreras en la Corte Superior de Ayacucho es un fiel reflejo de lo que pasa en muchos otros ámbitos jurisdiccionales del país en los que las interpretaciones restrictivas del Código Penal, la falta de manejo jurídico de fiscales y jueces y la coima brava pueden jugar papeles fundamentales en la emisión de los fallos.
En ocasiones, y esto es indispensable enfatizarlo, un mal enfoque de la acusación por parte de la Fiscalía puede llevar a una sentencia absolutoria pero los argumentos utilizados en el caso de Arlette demuestran un grado inaceptable de parcialidad con el agresor y un total desprecio por la violencia sufrida por la víctima.
Los dos jueces que absolvieron a Adriano Pozo alegan, entre otras cosas, que Arlette no presentaba una lesión compatible “con agresión sexual”, aunque si se halló un eritema en las partes íntimas de la agraviada pero “no es de la fecha de los hechos” y las prendas de vestir de ella, rotas y desgarradas, no fueron tomadas en cuenta porque fueron entregadas “cinco días después de los hechos y sin la presencia del perito”.
Todo el país vio en televisión como Pozo arrastro por el suelo, jalándola por el pelo, a Arlette Contreras. Y argumentar lo que alegan dichos jueces ha generado una justificada indignación porque, más allá de las leguleyadas invocadas, existe una clarísima evidencia visual que no requiere de mayores peritajes y sí de la voluntad de hacer justicia.
Además de la correspondiente y bien sustentada apelación del Ministerio Público y de la parte agraviada corresponde una acción enérgica de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA), que es el órgano de control interno del Poder Judicial, para determinar el origen de esta sentencia que, más allá de toda duda, ampara el abuso y la violencia contra una mujer.
Y reitero, la necesidad de crear el Consejo Nacional de Moral Pública para librar de inmorales y prevaricadores al Poder Judicial. De otra forma, estos hechos lamentables se seguirán repitiendo porque, seamos francos, la OCMA real y efectivamente no funciona.
(*) Presidente de Perú Nación
Presidente del Consejo por la Paz
