En una clara intromisión en asuntos internos del Perú la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Gobierno peruano que garantice la seguridad de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes a través de las investigaciones del caso Lava Jato han realizado una cacería judicial a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, este último fue obligado a acabar con su vida.
Los Relatores Especiales de la ONU expresaron, a través de un documento, su preocupación por el “hostigamiento judicial y campañas de desprestigio dirigidas” contra estos fiscales, pese a ser los cabecillas de una cacería judicial orquestada en el marco del caso Lava Jato, cuya investigación se viene abajo por el uso de pruebas contaminadas, según lo señalado por la justicia brasileña.
En ese sentido, insisten al Gobierno a actuar con celeridad para proteger a Rafael Vela y José Domingo Pérez.
De otro lado, el fiscal José Domingo Pérez, ante el desplome de su investigación contra Keiko Fujimori, ha pedido recibir el testimonio del ex fiscal federal suizo Stefan Lenz, ante la posibilidad de la inconcurrencia de los ex directivos brasileños de la constructora Odebrecht, en el juicio del caso Cócteles, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado.
En 2016, el entonces fiscal federal de Suiza especializado en corrupción internacional y lavado de activos, Stefan Lenz incautó el servidor del Sector de Operaciones Estructuradas, la llamada caja 2, de la empresa Odebrecht que contenía los sistemas MyWebDay y Drousys, cuyo servidor ha sido catalogado como “poco confiable” por la justicia brasileña debido a que se violó la cadena de custodia y estuvo sujeto a manipulaciones.
Tras dejar la fiscalía federal de Suiza, donde laboró del 2022 hasta el 2016, Lenz fue contratado por la fiscalía peruana para realizar un análisis de la información que saliera de esos servidores sobre el Perú. El ex fiscal suizo habla alemán, inglés y francés, por lo que declararía con apoyó de un interprete.
Sin embargo, durante varios años el contrato y Lenz fueron ignorados por el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, pero ahora que la investigación se derrumba busca incluir este testimonio.
La constructora Odebrecht, sus ex funcionarios y abogados entregaban y analizaban la información para la fiscalía peruana, sin intermediarios y más rápido.
Esa colaboración directa cambió el 2023. Ese año la justicia brasileña empezó a suspender la cooperación judicial con Perú bajo el argumento de presuntas irregularidades y un sesgo político en el trabajo del desmantelado Grupo de Tarea de Lava Jato, en especial, en hechos relacionados con la constructora Odebrecht.
Los ex directivos de la constructora que se acogieron a la colaboración eficaz en el Perú bajo la promesa de declarar en los juicios públicos, no respondieron a las citaciones en el proceso al ex presidente Ollanta Humala. Tampoco lo harán en el juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, un papelón de los fiscales que tratan de tapar.
