Quieren usar nombre de Alan para distraer de la investigación a Gorriti

Por: Pablo Carranza

¿Está de acuerdo con que el Poder Judicial haya ordenado que se accedan a los móviles del fallecido expresidente Alan García?

Hay un ensañamiento perverso contra el ex presidente Alan García, porque como todos conocemos, además la norma lo dice así, la muerte de una persona extingue la acción penal. Sin embargo, en el caso del señor García hay un acto perverso de sadismo porque con fecha 21 de marzo del 2024, mediante disposición 160, el fiscal Walter Edgardo Villanueva del Equipo Especial de Corrupción de Funcionarios sigue con la carpeta abierta 7-2017. Ahora, en esa disposición dice: uno, el escrito del 15 de marzo presentado por la sucesión de Alan García Pérez; dos, el oficio fecha 18 de marzo, remitido por la oficina de peritaje del Ministerio Público, y tres, el escrito de fecha, 19 de marzo, presentado por la defensa de Osvaldo Plasencia Contreras y el estado de la presente investigación seguida contra Enrique Javier Cornejo Ramírez y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y dice una cosa bárbara, porque resuelve que quiere ingresar a los equipos del presidente García, argumentando que por estas consideraciones dispone designar al perito informático Javier Erickson Vázquez Gamarra, a efecto de realizar la pericia de análisis digital y forense respecto a los dos celulares del “exinvestigado” Alan García. Este fiscal es un zamarro, es un ignorante, porque en la norma procesal peruana, y en el derecho comparado, no existen exinvestigados, las normas procesales y las normas penales sancionan sobre conducta de los vivos, no sobre conducta de los muertos. Entonces, bajo el argumento de que quiere investigar a Enrique Cornejo y a otras personas que siguen vivos, quieren ingresar al teléfono del expresidente Alan García.

 

¿Por qué cree que se da una orden judicial de esa naturaleza?

Eso es un acto salvaje, de barbarie, y de sadismo, porque lo que quieren hacer es invadir la intimidad de una persona fallecida contra la que ya no existe proceso penal y el razonamiento es sencillo. Si este fiscal, quiere saber si Plasencia, Cornejo, y los demás investigados vivos, se comunicaron con el presidente García, que le levanten el secreto de las comunicaciones y que ingresen al contenido de los teléfonos de los investigados vivos, porque la comunicación por naturaleza, y sobre todo vía telefónica, no es entre uno mismo, sino es entre dos personas. Entonces, si el señor fiscal quiere saber si los investigados vivos, a quien tiene que seguir investigando, se comunicaron con Alan García, o recibieron órdenes de Alan García para que realicen actos criminales, estarán en sus teléfonos la expresión oral o vía texto que el presidente García les envió, o no es así.

 

¿Es un ensañamiento mediático y político?

Sorprendentemente ha habido otro juez bárbaro que ha aceptado, pero contra esa decisión del juez, la defensa de la familia del presidente García, ha interpuesto recursos de apelación, con lo cual todavía se ha suspendido a resulta de la apelación. Entonces, hay un ensañamiento muy perverso, y además lo que quieren es distraer la investigación y seguir dándole al señor García aún cuando esté muerto porque jala titulares, y distrae otra investigación muy importante que se ha iniciado por la fuerza de los hechos y por la presión de alguna prensa independiente contra Gustavo Gorriti, José Domingo Pérez y Rafael Vela, justamente para investigar, y ya lo viene haciendo el fiscal Alcides Chinchay, para determinar si en efecto se dio o no se dio el cerco a Alan García, a lo que aludió Jaime Villanueva. Entonces, no nos cabe la menor duda que este es un distractivo de querer pretender ingresar a los teléfonos de un muerto, y para eso no le dicen muerto, sino le dicen ex investigado.

 

¿Tiene conocimiento de cómo va el proceso que está siguiendo el fiscal Alcides Chinchay?

Sólo sé que le dio un plazo al señor Gorritti, obviamente muy condescendiente, para que él le diga qué teléfonos ha utilizado desde el 2016 a la fecha, o sea, qué números ha tenido. Lo cual es una medida bastante permisible o muy blanda, por decir de alguna manera, porque lo que se hace en estos casos, se oficia a las empresas operadoras y se le pide los números telefónicos que han estado asignados a Gorritti o al IDL. Porque además todos sabemos que esta gente no utiliza teléfonos a su nombre, sino teléfonos a nombre de terceras personas, y los utilizan justamente para evadir y evitar este tipo de persecución, pero es fácil determinar qué teléfonos tenía el señor, y por lo tanto lo que debió hacer el fiscal Chinchay es un allanamiento a las oficinas de IDL, a los domicilios del señor Gorriti y Vela y Pérez y demás investigados. Además, ya se le ha vencido el plazo, salvo que me equivoque, porque el señor Gorriti ha salido a decir que él no va a entregar ninguna información, porque de hacerlo violaría su derecho a la reserva de su fuente. Él se quiere proteger con esta figura de la protección de las fuentes, pero solo aplica a los periodistas y Gorritti no es periodista, de modo que no goza de esa protección y por lo tanto lo que deben hacer es de una vez allanarle el domicilio, porque no cumplir un mandato judicial es un acto de obstrucción de la justicia, lo que justificaría una medida más gravosa como es el allanamiento y eventualmente la detención preliminar o la prisión preventiva.

 

¿Por qué la embajada de Uruguay le negó el asilo político a García Pérez?

Determinados congresistas acaso no viajaron a Uruguay, a Montevideo, para pedir que el presidente Tabaré Vázquez, que ya le había concedido previamente por teléfono que se asile al presidente García, que no había problema, y luego cambió sobre la base de la presión que metieron los determinados congresistas, y además de la información incompleta y tendenciosa, que envió el presidente Vizcarra. No olvide usted que el presidente Tabaré Vázquez, no sé si le pidió o de ‘mótu proprio’ la Cancillería envió información tergiversada, donde indicaban incluso que los actos del primer gobierno no habían sido investigados, lo cual era falso. O sea, la Cancillería envió información falsa a la Cancillería de Uruguay, con lo cual persuadieron, lamentablemente, para que el presidente Tabaré cambie de opinión y le denegara el asilo político que ya previamente había sido coordinado.


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