Empleados de UNRWA, incluidos 7 sospechosos en escuelas, participaron en incidentes en un kibutz, tomando rehenes y manipulando cadáveres
Trabajadores de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA) participaron en el secuestro de israelíes, transporte de municiones y el traslado del cuerpo de un soldado fallecido, así como en un asalto mortal a un kibutz durante el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, según indicó un informe publicado el pasado domingo.
El diario The New York Times divulgó los detalles sobre los trabajadores de la ONU acusados de colaborar con Hamás durante la masacre, basándose en un informe entregado al gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, UNRWA decidió despedir a 12 empleados y varios países suspendieron su financiación al organismo durante el fin de semana.
El informe indica que un asesor escolar de la UNRWA en Khan Younis, al sur de Gaza, enfrenta acusaciones de colaborar con su hijo para secuestrar a una mujer israelí.
“Un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, está acusado de ayudar a llevar el cuerpo de un soldado israelí muerto a Gaza, así como de distribuir munición y coordinar vehículos el día del ataque”, dice el informe citado por el diario neoyorquino.
Un tercer empleado fue identificado como participante en la masacre de un kibutz en la que murieron 97 personas, aparentemente en Be’eri, uno de los sitios más afectados durante el ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre.
El informe, según el NYT, detalla los nombres, datos y roles en la UNRWA de los 12 trabajadores, indicando que 10 de ellos son miembros del grupo terrorista Hamás, mientras que uno pertenece a la Yihad Islámica Palestina.
Para descubrir estos hechos, la inteligencia israelí utilizó el rastreo de los teléfonos de seis individuos, el seguimiento de llamadas telefónicas de otros que presuntamente hablaron sobre su participación en el ataque, y la lectura de mensajes de texto recibidos por otros tres, donde se les instruía presentarse en los puntos de encuentro antes del asalto, incluyendo uno en el que se les ordenaba llevar lanzagranadas almacenados en sus hogares.
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Según el informe, siete de los acusados eran profesores en escuelas de la UNRWA, y dos desempeñaban diferentes roles en el ámbito escolar. Los otros tres fueron identificados como un empleado, un trabajador social y un encargado de almacén.
Las acusaciones más específicas del expediente involucraban a un asesor escolar de Khan Younis, al sur de Gaza, quien fue acusado de trabajar junto a su hijo para secuestrar a una mujer israelí.
Se acusa a un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, de colaborar en el traslado del cuerpo de un soldado israelí fallecido a Gaza, así como de distribuir municiones y coordinar vehículos el día del atentado.
Según el informe, Estados Unidos no pudo verificar los detalles ni las identidades de los acusados, pero considera que las acusaciones son lo suficientemente creíbles y preocupantes como para ordenar la suspensión de la financiación.
El NYT informó que hasta ahora solo ha logrado verificar la identidad de uno de los acusados, a quien describió como «un gerente de almacén, cuyo perfil en las redes sociales lo lista como empleado de la UNRWA y lo muestra vistiendo ropa de la marca de la ONU».
Por otro lado, el Canal 13 de Israel informó el domingo por la noche que dos de los rehenes israelíes liberados de Gaza declararon que los trabajadores de la UNRWA los mantenían cautivos por separado, a veces en sus propias viviendas.
En uno de los casos, el rehén afirmó que la hija del captor les informó que él era profesor de la UNRWA, les proporcionaron bocadillos con etiquetas distribuidas por la agencia de la ONU, y fueron trasladados de un lugar a otro utilizando las instalaciones de la UNRWA para evitar ser detectados cuando las fuerzas israelíes cerraban el cerco.
No está claro de inmediato si se refiere al mismo caso detallado en el informe del New York Times.
Ante las acusaciones de Israel el domingo, la UNRWA afirmó que dos de los 12 empleados mencionados habían fallecido, pero que no podía ofrecer más información mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU continuara con la investigación.
El 7 de octubre, alrededor de 3.000 terroristas ingresaron a través de la frontera con Israel, atacando bases militares y comunidades, resultando en la muerte de unas 1.200 personas, en su mayoría civiles masacrados en sus hogares y durante un festival de música. Los atacantes también tomaron como rehenes a 253 personas, llevándolos a Gaza, donde aproximadamente la mitad aún permanecen.
Las acusaciones son las más recientes de una serie extensa de quejas de Israel contra la agencia de la ONU, incluyendo la permisividad hacia la enseñanza de incitación antiisraelí en muchas de sus escuelas y la colaboración de parte de su personal con Hamás. La administración Trump suspendió la financiación a la agencia en 2018, pero el presidente estadounidense, Joe Biden, la restableció.
Las recientes acusaciones han llevado a los donantes, incluyendo a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Australia y Finlandia, a anunciar la suspensión de financiamiento adicional a la agencia. UNRWA informó el viernes que despidió a varios empleados en respuesta a las acusaciones no especificadas.
Los defensores de la agencia argumentan que las acusaciones buscan minimizar la larga problemática de los refugiados y consideran la reducción de fondos como un castigo colectivo. La semana pasada, el Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, anunció que designaría a una entidad independiente para investigar las acusaciones, evaluando tanto la veracidad como las posibles motivaciones políticas. También señaló que las acusaciones estaban perjudicando las ya tensas operaciones de la agencia.
Actualmente, la UNRWA opera en 58 campos de refugiados designados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza.
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