Exalumna del mandatario obtuvo orden de servicio tras reunión en 2021.
Un reportaje emitido el dominical Panorama dio a conocer un presunto esquema de favorecimiento laboral relacionado con el presidente José María Balcázar, en hechos que se remontan a su etapa como congresista de la bancada de Perú Libre.
La investigación pone el foco en Carla Bustíos Arteaga, exalumna y exasesorada de tesis del hoy mandatario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. De acuerdo con el dominical, la joven obtuvo su primera contratación con el Estado poco después de visitar el despacho parlamentario de Balcázar en agosto de 2021.
Según el registro de visitas, Bustíos acudió a la oficina congresal el 19 de agosto de ese año. Un día antes había realizado su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y, 24 horas después del encuentro, recibió una orden de servicio por 16 000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural, donde fue contratada para realizar gestiones administrativas legales pese a contar únicamente con el grado de bachiller.
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Consultada por Panorama, la joven señaló que la reunión con el entonces legislador fue un saludo protocolar al encontrarse en Lima y negó que su contratación haya respondido a una intervención indebida.
El vínculo laboral no se limitó a esa orden de servicio. Entre octubre de 2021 y abril de 2022, Bustíos se incorporó al Congreso de la República, específicamente a la comisión encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, grupo presidido en ese momento por Balcázar. La propia involucrada reconoció que fue convocada por su antiguo docente para participar en dicho espacio de trabajo.
Tras culminar esa etapa, en octubre de 2022 obtuvo una nueva orden de servicio, esta vez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, continuando así su trayectoria en el sector público.
El reportaje también hace referencia a otras investigaciones fiscales que involucran al excongresista por presunto tráfico de influencias. Entre los hechos mencionados figura la supuesta gestión para el nombramiento de un familiar político en el Ministerio Público a cambio de un voto en el Parlamento.
Estos antecedentes, según el informe televisivo, forman parte de indagaciones en curso por presuntos delitos contra la administración pública, las cuales son evaluadas por el Ministerio Público.
