Excongresista Rosario Sasieta asume la cartera del MIMP como parte del nuevo gabinete Ministerial.
Este jueves 6 de agosto, pasadas las 11.00 horas, Martín Vizcarra tomó el juramento de la abogada Rosario Sasieta como la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
La excongresista aceptó el cargo en remplazo de Gloria Montenegro. “Juro por todas las mujeres y los niños del Perú”, fueron las palabras de juramento de Sasieta.
Rosario Sasieta es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia, destacando en la defensa por los derechos de la mujer, la niñez y poblaciones vulnerables.
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En el 2003, fue teniente alcaldesa del distrito de San Bartolo. Luego de que acabo su gestión, decidió postular al Congreso con el partido Acción Popular.
Sasieta también ha trabajado como abogada de forma independiente.
Durante el segundo gobierno de Alan García, Sasieta fue congresista de la República. En ese periodo impulsó la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, de la que luego fue presidenta. También, fue miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Al terminar dicho periodo, se dedicó a tratar casos de familia, enfatizado en las personas de bajos recursos. En el 2016, postuló una vez más al Congreso de la República con la coalición electoral conformada por el Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano y Vamos Perú. Sin embargo, no logró los votos suficientes.
Rosario Sasieta es recordada por sus intervenciones televisivas como la “Señora Ley”. En estas secuencias, brindaba orientación legal a los ciudadanos.
Caso “Lava pies”
Rosario Sasieta Morales, estuvo involucrada en una acusación, en el año 2009. Fue acusada de por María Elena Medianero, la persona que trabajaba en su domicilio, de haberla insultado y obligado a lavarle los pies.
Sin embargo, tras las pesquisas legales, se estableció que la acusación era falsa, por lo que Medianero fue encontrada culpable por difamación. El 9 de enero de 2019, la trabajadora fue sentenciada a dos años de prisión suspendida y obligada a otorgar una reparación civil de 50 000 00.