Víctor García Toma, ex titular del TC, sostiene que hay desinteligencia entre lo que manda la ley y lo que resuelven los jueces. La OCMA no debe ahorrar energías para sancionar fallos arbitrarios.
“Una determinación -como la dada por la Primera Sala de Familia- resulta ser una afrenta cabal e íntegra al sentido común y es una clara infracción a deberes básicos de un magistrado”, señala letrado.
Por: Roberto Sánchez R.
Ante una decisión ilegal y fuera de la ley cometida por la Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Lima, cuyos magistrados fueron denunciados ante la OCMA por irregularidades cometidas en un proceso de tenencia de un menor de edad, la que resolvió arbitrariamente y ordenó le quiten el hijo a su padre y se lo entreguen a madre, pese a que ella no cumple desde hace tres años con una sentencia de alimentos y se había desentendido del menor, más de cuatro años, buscamos las reacciones de expertos en materia legal que desde hoy damos a conocer:
El ex Presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, señaló a LA RAZÓN que este fallo de la Primera Sala de Familia expresa cabalmente la desinteligencia que hay entre lo que manda la ley y lo que resuelven los jueces, porque no se puede exponer a un niño en una sentencia divorciada de legalidad y el derecho.
García Toma indicó que una determinación -como la dada por la Primera Sala de Familia- resulta ser una afrenta cabal e íntegra al sentido común y es una clara infracción a uno de los deberes básicos que tiene un magistrado en esta materia y en procesos donde está de por medio un menor, como respetar un principio que no solo está en los tratados sino en el propio Código del Niño y del Adolescente que es la Defensa Superior del Niño.
“La OCMA no debería ahorrar energías para sancionar un acto arbitrario y desmesurado como el que revela este fallo, espero que de encontrarse responsabilidad se adopten las medidas más severas. La decisión que ha adoptado la Primera Sala de Familia debería generar no solamente repudio, sino además vergüenza en quienes la han refrendado”, opinó el experto en derecho y también exministro de Justicia.
Los magistrados de la Primera Sala de Familia integrado por Luz María Capuñay Chávez, Edgar Gilberto Padilla Vásquez y Nancy Coronel Aquino que fueron denunciados por prevaricato ante la OCMA .
PREJUICIO ENDÉMICO
Víctor García Toma consideró que mayoritariamente en el subsistema de justicia existe una visión prejuiciosa respecto a los conflictos de tenencia de menores, donde casi siempre se cree que la madre por ser mujer, es la parte más débil o es la víctima y que puede atender a los hijos pero que la realidad generalmente desmiente esa posibilidad.
“Resulta grave que un proceso judicial al que debe poner fin a una situación desagradable, en casos de tenencia de un menor, finalmente termine irresuelto que motive y exija a una de las partes a seguir prolongando una situación de litigio, en una agonía emocional que no es justa para nadie”, apuntó.
García Toma señaló que toda persona tiene derecho a interponer acción, es decir, que frente a un conflicto en torno a un menor debe ser canalizado ante un ente jurisdiccional técnico y con las suficientes luces del sentido común, para que esa decisión finalmente preserve el Interés Superior del Niño.
VISIÓN SEXISTA
Indicó que esta situación de prejuicio que además puede ser corroborada en cientos de miles de casos en los que los accionantes por ser varones, sufren esta visión prejuiciosa de la justicia. Remarcó que se trata de una visión de la justicia meramente formalista y sexista y que evidentemente genera la necesidad de profundos cambios.
“Cuando existe una resolución fundada lo fundamental es conseguir que esa resolución sea ejecutada en sus estrictos términos. Sucede con frecuencia que muchas veces las sentencias son papel mojado en tinta, porque no logran alcanzar la razón, por la cual la parte afectada –se sabe-, interpuso un Recurso de Casación”, dijo.
El jurista comentó finalmente que este tipo de situaciones generan un grave daño sicológico, no solamente a la parte accionante, sino que sobre todo al niño, quien debe quedar finalmente en manos de personas supuestamente idóneas, según peritos especialistas, pero la realidad los desacredita, porque los jueces no siempre cumplen -como en este caso.-, con los requisitos exigidos para obtener la tenencia de un menor.
“Esa es una sentencia que no tiene todavía la naturaleza de firme y, en consecuencia, debe ser revertida a través de una acción de garantía, pero evidentemente no se puede exponer al niño y perjudicar al accionante con una decisión ilegal e injustificada y además contra el sentido común. El accionante tiene derecho a hacer uso de los mecanismos de queja ante la OCMA para que se investigue y se sancione a los responsables de esta arbitraria resolución”, remarcó
