El ministro de Justicia Juan José Santiváñez se pronunció nuevamente en respaldo de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.

Dicha norma -impulsada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia en Palacio de Gobierno- ha sido objeto de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha solicitado al Estado peruano que se abstenga de aplicarla.

Además, diversos magistrados del Poder Judicial, en sendas solicitudes de procesados, han resuelto su inaplicación, acogiéndose a su prerrogativa de control difuso.

En ese sentido, Santiváñez Antúnez, indicó que el Ministerio de Justicia (Minjus) está en la «obligación» de «acatarla» y «defenderla», y anunció que se reunirá con los procuradores para iniciar «acciones legales» contra los jueces que «no resuelvan» acorde a la actual normativa.

«Es una ley, y desde el Minjus estamos obligados a respetarla, a acatarla, a cumplirla y a defenderla», resaltó.

«Bien ha dicho el congresista Rospigliosi, él particularmente la está defendiendo y está formulando denuncias por prevaricato contra jueces que no están cumpliendo su norma, pero yo, en los próximos días, tengo una reunión con los procuradores para también iniciar acciones legales contra los jueces que no resuelvan de acuerdo a nuestro marco jurídico», acotó.

Cabe indicar que, el pasado 9 de septiembre, durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ministro de Justicia indicó que la Ley de Amnistía «se ha dado según el principio de separación de poderes, y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia”.

“Frente a la resolución de la Corte IDH, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que la regulan”, señaló también en su alocución.

El pasado 8 de septiembre, el primer vicepresidente del Congreso, Alejandro Rospigliosi (Fuerza Popular) -quien impulsó la Ley de Amnistía a través de su presidencia en la Comisión de Constitución del Parlamento- calificó como «prevaricadores» a los jueces que no aplican la referida normativa.

Además, Rospigliosi Capurro señaló que dichos magistrados estaban «a favor de los terroristas y los delincuentes».

«[Son] magistrados prevaricadores que no aplican leyes vigentes y que estamos en el mismo caso. Atacan a la Policía, atacan a las Fuerzas Armadas que derrotaron al terrorismo o que luchan contra la delincuencia y están a favor de los terroristas y los delincuentes», indicó ante la prensa.

El parlamentario indicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) «debería intervenir» y que también «se requiere una reforma completa del sistema judicial».

El pasado 26 de agosto, ante una decisión similar del magistrado Richard Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el congresista fujimorista lo tildó de prevaricador y lo denunció ante la JNJ.

«Este juez, que no está capacitado para aplicar el control difuso […], porque la Corte Suprema ha establecido que eso solamente se hace en una sentencia, y este juez no sentencia, es un juez de primera instancia. Entonces, este juez ha inaplicado ilegalmente, prevaricadoramente, la ley, en contra de un policía de la antigua Guardia Republicana, por un hecho ocurrido en Ayacucho en el año 1984», alegó en ese entonces.