El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, aseguró que pedirá a los portavoces de las bancadas así como a la Mesa Directiva para que, en esta semana, se priorice en la agenda del Pleno la votación de la ley que fiscaliza fondos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Oficialmente, hay 995 oenegés operando en Perú, según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI. Ni el dinero que ingresa a ellas, ni el que sale, ni los objetivos que buscan alcanzar, son regulados.
Según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) durante los últimos 4 años, las ONG lograron captar más de US$ 400 millones anuales de la cooperación técnica internacional, es decir del 2020 al 2023 captaron más de S/ 1,600 millones de dólares.
Esto, debido a que no se colocó en la agenda de votación dicha iniciativa, y porque la legislatura acaba este viernes 14.
Debido a que esta propuesta podría ser aprobada en el Pleno, y pueda convertirse en ley, la embajada de Estados Unidos publicó un comunicado en sus redes sociales en el que indica que un grupo de 16 países están en contra de esa propuesta legislativa.
En una entrevista al analista político Iván Arenas consideró que se trata de una ley que supervisará el uso del dinero que reciben las ONG desde el exterior, para transparentar sus actividades, y para que ese capital que reciben no sea utilizado con otros fines.
“En los últimos 20 años, las ONG no se han dedicado a hacer cooperación para el desarrollo; se han dedicado a hacer activismo político, han desarrollado ideología de izquierda sobre todo en sectores clave como la minería moderna; han sido los principales desarrolladores de mitos y han subvencionado a diferentes operadores políticos”, dijo Arenas.
Además, señaló, “se han dedicado a hacer talleres y cursos de capacitación en la Fiscalía y el Poder Judicial y, a partir de ahí, logran tener nexos con la política”.
El dictamen propone modificar diversos artículos de la Ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Por ejemplo, se busca que una de las funciones de dicha entidad sea velar por “la correcta utilización de los recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes” de la cooperación técnica internacional.
De igual manera, la APCI estará en la obligación de hacer un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades hagan “activismo político” con los fondos que reciban del exterior. Se entiende como “activismo político”, según el texto aprobado, a “aquel que modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
El dictamen aprobado también fija una serie de hechos que constituirían faltas leves, graves y muy graves. Estas se sancionarían, según el grado, con amonestación escrita, multa de hasta 500 UIT, suspensión temporal y cancelación de la inscripción en la APCI.
