El Pleno del Congreso aprobó la modificación de la Ley 29571, disponiendo al usuario una mayuor facilidad al tramitar la baja de servicios
El Congreso aprobó mayoritariamente el dictamen del Proyecto de Ley 6342, que busca modificar la Ley 29571, conocida como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el fin de simplificar el proceso para solicitar la suspensión, cancelación o baja de servicios públicos.
La iniciativa altera el artículo 66 de la Ley 29751 al agregar el párrafo 66.10 para asegurar la protección de los usuarios de servicios públicos regulados. El proyecto recibió 103 votos a favor y 1 en contra.
En su exposición, el congresista Wilson Soto (AP), quien preside la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, destacó que el dictamen favorece a los usuarios al agilizar el proceso para solicitar la suspensión o cancelación de servicios como agua, luz, telefonía, gas natural, entre otros.
También simplifica el proceso para dar de baja y cancelar servicios públicos en general, sin comprometer los principios democráticos ni el Estado de derecho. Por el contrario, se centra en un área de servicios públicos que impacta a toda la población en nuestro país.
Asi mismo indicó que su eficacia en la entrega e infraestructura de esos servicios constituye derechos constitucionales protegidos y que está regulada por ley.
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La parlamentaria Diana Gonzáles Delgado (Avanza País), quien presentó el proyecto de ley, señaló que actualmente muchas empresas proveedoras de estos servicios no ofrecen la posibilidad de gestionar estas solicitudes en todos sus puntos de contacto habituales.
En ciertos casos, solamente se puede solicitar la cancelación o suspensión por teléfono o mediante aplicaciones móviles, mientras que en otros casos solo se permite realizar el trámite de forma presencial.
Explicó que para los usuarios resulta confuso y complicado llevar a cabo estos procedimientos, ya que les resulta difícil encontrar el acceso a estas solicitudes, ya sea porque no están claramente identificadas.
Por eso, señaló la importancia de garantizar un acceso directo a las solicitudes de cancelación y suspensión de los servicios proporcionados por las empresas de servicios públicos, destacando la necesidad de que estén disponibles en todos sus puntos de contacto, sean fácilmente identificables y estén ubicados de manera visible para los usuarios.
La congresista enfatizó que su propuesta legislativa favorece a personas con discapacidad, adultos mayores o aquellos con movilidad limitada, así como a todos los ciudadanos que trabajan y no pueden acudir a las oficinas de estas empresas durante el horario de atención.
El proyecto de ley fue eximido del proceso de segunda votación al recibir 104 votos a favor y 1 abstención.
