Con 94 votos a favor y 22 en contra y cero obtenciones (en primera votación), el Pleno del Congreso culminó su sesión; aprobando la propuesta de reforma constitucional del artículo 93 sobre inmunidad parlamentaria.
Fue la última de las seis iniciativas sobre la reforma política que propuso el Poder Ejecutivo y dictaminadas por la Comisión de Constitución.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, dijo sobre esta última propuesta y luego de ir a un nuevo cuarto intermedio, que “siempre se está reconociendo que la inmunidad parlamentaria garantiza el funcionamiento del Congreso y el ejercicio funcional congresal.
La inmunidad parlamentaria no puede ser invocada para suspender ni paralizar los procesos penales contra un congresista iniciado con anterioridad al acto de su elección; es decir, ahora tendremos en la Constitución – en caso que esto sea aprobado- no habrá inmunidad parlamentaria para ningún proceso penal que sea anterior a la elección del congresista”, expresó.
Bartra explicó que la Corte Suprema solicitará la
autorización de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. El Congreso resuelve la solicitud dentro del plazo de 45 días hábiles y la decisión adoptada será definitiva. Solo si el Congreso no resuelve la solicitud de levantamiento de inmunidad dentro del plazo estimulado, la Corte Suprema podrá presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional para que este la resuelva.
El levantamiento de inmunidad requiere el voto favorable de más de la mitad más uno del número legal de congresistas o de Magistrado del Tribunal Constitucional según sea el caso.
Antes de levantar la sesión, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, felicitó a la congresista Bartra por el enorme esfuerzo realizado y el trabajo desarrollado (para cumplir con la elaboración de los respectivos dictámenes y su aprobación dentro del plazo establecido).
ACCIÓN COMPETENCIAL
Momentos antes, el Pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Portavoces que propuso al Pleno del Congreso para autorizar al Presidente del Congreso para que interponga una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, para que éste esclarezca el alcance y la forma en que se ejerce la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros anunciada en el oficio 125-2019-PCM/DM.
En la intervención de los voceros, Gilbert Violeta se mostró a favor de la propuesta que el Presidente interponga una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional; en tanto que el segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, criticó al ministro Vicente Zeballos por sus declaraciones de que estaría listo un probable cierre del Congreso.
Patricia Donayre dijo que el tipo de control constitucional que se tiene no es un control de tipo preventivo, sino un control reparador. “Estoy para poder señalar cuál es el camino legal de esta acción. No se precisa los alcances de la infracción. No podemos presentar un proceso respecto a una cuestión de confianza que ya fue aprobada por nosotros”, dijo.
Por su parte, el legislador Javier Velásquez Quesquén (CPA) se mostró en contra de la propuesta planteada por la comisión, mientras que el legislador Humberto Morales (FA), fue enérgico en su intervención y dijo que está de acuerdo con el cierre del Congreso. Su colega Alberto Quintanilla señaló que no se puede imponer un proceso Constitucional e interponer un proceso de competencia sobre un supuesto que no se ha producido. 90 congresistas votaron a favor y 25 en contra.
