VALERIA PONCE

 

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi sostiene que el exfiscal José Domingo Pérez utilizó el Ministerio Público como herramienta de persecución ideológica, y que su reciente rol como operador político del comunista Roberto Sánchez y defensor del golpista Pedro Castillo solo confirma lo que muchos sospechaban desde el inicio.

 

— ¿Existe un documento concreto que acredite que Domingo Pérez aplicó criterios distintos según la afiliación política del investigado?

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara fundado el hábeas corpus en favor de Keiko Fujimori es un documento muy importante. Es la que puso término al llamado caso «Los Cócteles», y en ella el Tribunal establece no solamente que hubo una aplicación incorrecta de las normas legales, sino además criterios no equitativos. En otras palabras, el Ministerio Público, representado por José Domingo Pérez, utilizaba una vara para medir a unas personas y una vara diferente para medir a otras. Tratándose de una sentencia del Tribunal Constitucional, es algo más importante que un simple documento: es cosa juzgada. Por tanto, toda la legitimidad del proceso del caso Lava Jato, en el cual estuvo activamente involucrado el doctor Pérez, queda totalmente en discusión.

 

— ¿Tiene Pérez responsabilidad en la muerte de Alan García?

Desde hace aproximadamente un año he llamado a la conformación de una comisión de la verdad que investigue exhaustivamente las circunstancias del fallecimiento del expresidente Alan García. Existe un nivel de opacidad en lo que ocurrió esa madrugada que no es correcto, y es indispensable que haya una investigación. Para llevarla a cabo, lo mejor sería que sea una comisión independiente y neutral políticamente, porque todo el país tiene el derecho de saber cuál es la realidad.

 

— ¿Hubo irregularidades en la citación al doctor García antes de su muerte?

He leído que hubo al menos una actitud irregular: se citó al doctor García luego de que regresara de una diligencia en España, y sorpresivamente esa diligencia en el Ministerio Público fue cancelada en el despacho del doctor José Domingo Pérez, cuando ya le habían impuesto una orden de impedimento de salida del país. Es decir, una celada contra el presidente García. Y eso a mí me parece una acción irregular. El Ministerio Público no está para tender celadas; está para investigar la existencia de algún delito. Por eso creo que es fundamental que haya una investigación pública e inmediata, porque el país necesita saber la verdad de lo que pasó con su muerte.

 

— ¿Podría Pérez tener alguna responsabilidad en la muerte de García?

El presidente García se suicidó; el hecho final de su muerte fue por mano propia. Sin embargo, habría que investigar si fue de alguna manera acosado ilegal e ilegítimamente hasta llegar a esos lamentables acontecimientos. Ese debería ser el objeto de la investigación, razón por la cual he sugerido la creación de una comisión independiente.

 

— ¿Prosperó la propuesta de comisión investigadora?

No que yo sepa. Lancé la iniciativa, hubo algún debate, pero no prosperó. Es una oportunidad para el nuevo gobierno, a ver si se anima a conocer la verdad.

 

— ¿Le sorprendió que Pérez, siendo fiscal, simpatizara con Castillo y que durante la campaña asesorara a Roberto Sánchez?

Sí lo vi y sí me causó sorpresa. Esperaba un mínimo nivel de neutralidad por parte de un fiscal, especialmente de uno que tuvo a su cargo casos de perfil político muy alto. Al demostrar este grado de simpatía política por personas de extrema izquierda, ha puesto en duda todo su trabajo anterior. Cualquier ciudadano podría preguntarse: ¿cómo es posible que este señor aparezca como abogado de Pedro Castillo y asesor de Roberto Sánchez? Uno se pregunta si los expedientes contra Keiko Fujimori y contra decenas, centenas de personas, no tuvieron una motivación política. Sinceramente, creo que ha contaminado su trabajo.

 

— ¿Cuál es su opinión acerca del control interno del Ministerio Público?

En el Ministerio Público ha habido una politización muy delicada, y esto lo hemos visto en los últimos años con el enfrentamiento entre varios fiscales de la Nación, fiscales suspendidos, fiscales supremos repuestos, hasta que finalmente se logró elegir un nuevo fiscal de la Nación en la persona del doctor Tomás Aldino Gálvez. El problema es grave porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal; tiene el monopolio de la acción penal en el país. Así como hubo un copamiento en el Ministerio Público, lo hubo también en los tribunales de control. Recién cuando se crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y se saca por concurso la jefatura de esa institución, comienza un proceso de despolitización. El doctor Fernández Jerí, quien encabeza hoy dicha autoridad, representa desde mi punto de vista una garantía de neutralidad en la vigilancia y en la conducta disciplinaria de los fiscales, algo que antes no ocurría.

 

— ¿Existe algún impedimento para que Pérez ejerza como abogado defensor en casos que él mismo investigó?

Lamentablemente no. Es únicamente un tema ético, que además pone en evidencia una intencionalidad política.

 

— Pérez no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia ni aprobó el examen para acceder a la magistratura. ¿Qué nos dice eso de él como profesional?

Creo que no es una persona adecuada para desarrollar ese trabajo. Un fiscal y un juez tienen la obligación de ser neutrales. Sus opiniones personales son irrelevantes para la investigación penal; lo que importa son los hechos y la evidencia.

 

— ¿Cree que la aparición de Pérez en política responde a una convicción ideológica o simplemente al oportunismo?

Creo que, una vez que no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia, consideró que tenía una oportunidad de ubicarse políticamente. Pero no es una actitud honesta; es, más bien, una actitud oportunista.