“Militares y policías han sido perseguidos y condenados sin pruebas por delitos que no estaban tipificados”, señalan.
Los Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales del Ejército del Perú en situación de retiro que integran el grupo Unión Ejército emitieron un pronunciamiento en el que exigen al Congreso aprobar, en segunda votación, el proyecto que restringe la aplicación de los delitos de lesa humanidad a partir del 2002 en adelante.
Recordaron que el 6 de junio el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley 6951 y que se espera que tras siete días calendarios se vuelva votar hoy en el seno del Congreso de la Republica.
“Desde Unión Ejército exhortamos al Congreso a que, respetando las normas internacionales y nuestro ordenamiento jurídico interno, vote por la aprobación de esta Ley que será un paso importante para la reconciliación nacional. Lo que se haga o deje de hacer en su defensa formará parte de nuestra historia”, señalaron.
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En ese sentido, precisaron que “este proyecto de Ley finalmente terminaría con la persecución, ad infinitum, de militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa que en el cumplimiento de la defensa de la democracia y de la pacificación nacional vienen siendo acusados, juzgados, condenados y perseguidos por delitos que no estaban tipificados en el momento de que ocurrieron vulnerando los principios de legalidad, tipicidad y no retroactividad de nuestro ordenamiento jurídico”.
Refirieron que ante la irrupción de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el gobierno envió a las zonas de emergencia a las Fuerzas Armadas con el fin de combatir la violencia terrorista y de pacificar el país, al ser superadas las capacidades de la Policía, que tuvo un comportamiento heroico a pesar de su falta de efectivos y equipos.
“Al llegar a estas zonas del país las fuerzas armadas encontraron una realidad desoladora, ya que SL iniciaba una serie de arrasamientos de pueblos enteros como lo fueron el 03 de abril de 1983 en Lucanarma, en Huancasancos, en San José de Secce, en Matara, luego en Ocros, Chilca, Balcón, Saccsamarca, Soras, Sachabamba, Quetabamba y otros poblados en los años subsiguientes, por el solo hecho de no querer apoyarlos en su demencial destrucción. Quienes salieron a defender a esas poblaciones fueron nuestras Fuerzas Armadas”, recordaron.
Anotaron que actualmente, 41 años después, se denuncia y se está procesando a cientos de militares sin ninguna prueba y contraviniendo normas legislativas y tratados internacionales por defender la democracia y a la población civil que venía siendo amenazada y aniquilada por terroristas totalitarios que querían construir un nuevo país sobre los escombros y la sangre del pueblo peruano.
