El Poder Judicial (PJ) comunicó que declaró infundada la tutela de derechos que presentó la defensa legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otro, en agravio del Estado por caso Rolex.
«Poder Judicial declara infundada tutela de derechos presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte (…)», se lee en una publicación, difundida por la referida institución.
La decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez Juan Carlos Checkley Soria, quien consideró que los argumentos de Boluarte «no tienen sustento fáctico ni jurídico».
Por el lado de la jefa de Estado se cuestionaba la presunta vulneración del derecho de la defensa y de igualdad de partes, «dado que la Fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta», es decir, aquella pública de medios periodísticos.
Como resultado, se desestimó la solicitud de Boluarte para que se llame la atención al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en relación con este caso.
De otro lado, la Fiscalía de la Nación ha ampliado la investigación contra Dina Boluarte por un periodo de 240 días adicionales en el marco de las pesquisas seguidas por el “caso Rolex”. Las pesquisas fueron incrementadas por 8 meses más, luego de vencerse el plazo de ampliación de investigación en contra de la mandataria, en el que se incorporó al Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como investigado; además de agregarse el delito de cohecho por haber sido quien le entregó los cuantiosos relojes Rolex en calidad de “préstamo indefinido”.
Esta determinación surge tras las declaraciones de Boluarte sobre la procedencia de los relojes, implicando a Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, en un complejo entramado legal que incluye delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
Como se sabe, el ‘caso Rolex’ se inició formalmente el 18 de marzo de 2024 y, en principio, se estipuló un periodo de 30 días para completar las indagaciones preliminares. Sin embargo, los eventos dieron un giro significativo cuando Boluarte, en su un mensaje a la Nación posterior a su comparecencia del 1 de abril, reveló que los Rolex fueron recibidos de su “wayki” (amigo cercano), el gobernador Wilfredo Oscorima, aparentemente como un préstamo con una fecha de devolución indeterminada.
Tras ello, el Ministerio Público dispuso la ampliación de la investigación mediante un anuncio el 24 de abril de este año, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. En dicho anuncio, el fiscal señaló que a Boluarte se la investigaba por la posesión de joyas u objetos de valor tasados en más de US$556 mil.
Las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito no solo afectan a Boluarte, sino que también envuelven a Oscorima en potenciales delitos que podrían tener serias repercusiones políticas y legales. De confirmarse la falta de transparencia en este préstamo y si se demuestra que el objeto fue utilizado como soborno, las consecuencias para ambos protagonistas serían graves.
Ahora, al vencerse esta primera ampliación, el fiscal Juan Carlos Villena Campana ha dispuesto una segunda ampliación que es ahora materia de debate. La segunda ampliación de la investigación fue dispuesta por el fiscal a cargo del caso, en parte como una alternativa al proceso de acusación constitucional que debería haber procedido inicialmente.
