La presidenta Dina Boluarte promulgó la norma que modifica la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), a fin de fiscalizar los fondos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Según información de la APCI la cooperación técnica internacional supera los 400 millones de dólares anuales a favor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, además que el 90% de estas entidades no informan del destino del dinero que captan del exterior.
Durante su discurso en Palacio de Gobierno, la mandataria aseguró que su Gobierno ha dado un “paso firme y decidido” en favor de la transparencia, de la buena gestión pública y del fortalecimiento de la democracia.
Señaló que, de ahora en adelante, las entidades que reciben recursos de la cooperación internacional, incluidas las ONG, deberán inscribir sus planes, proyectos, programas y actividades, así como la ejecución de sus gastos, en un registro público e informativo conducido por la APCI.
“En una democracia moderna nadie debe temer a la transparencia. Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger e interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de organismos interesados en mejorar la vida de nuestra gente”, expresó.
“Es justo además que esas instituciones que aportan a los organismos no gubernamentales reciban información oficial de cómo se han logrado los objetivos que motivaron su ayuda”, agregó.
Boluarte también afirmó que la ley pondrá “bajo una revisión exhaustiva” a una minoría de ONG a la que acusó de actuar “en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.
Indicó que dichas organizaciones “no están comprometidas con el bienestar de la nación, sino que buscan desestabilizar y promover la división utilizando los recursos de la cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”.
“Sigamos trabajando juntos sin permitir que utilicen a la democracia para lucrar en nombre de la libertad, utilizando el libertinaje para introducir agendas internacionales que buscan quebrar nuestra unidad nacional, sembrando el odio entre peruanos”, manifestó.
“Levantemos la voz por un Perú libre de manipulaciones, donde nuestra fortaleza como nación no se vea amenazada por intereses ajenos, ideologizados o contrarios al bien común, porque el Perú no se arrodilla, el Perú se levanta unido, fuerte y orgulloso de su historia, de su cultura y de su gente”, sentenció.
Cabe indicar que la norma faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a evaluar la creación de una unidad especializada que permita hacer efectiva la supervisión y que todo contrato o acto jurídico que el Estado celebre con las organizaciones gestoras de cooperación técnica internacional deberá contar con la conformidad previa de la APCI.
Horas más tarde, las ONG politizadas, entre ellas la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se manifestó en contra de la ley a través de un mensaje en redes sociales, acusando al Gobierno de utilizar la ley como un mecanismo para “silenciar a toda voz crítica”. “Esta ley no busca transparencia ni fiscalización real (…) lo que pretende es controlar políticamente a quienes alzan la voz, cuestionan el poder y luchan por justicia”, señaló la CNDDHH, haciendo un llamado urgente a la derogatoria de la ley. Esta ONG se ha caracterizado por defender los derechos humanos de los procesados por terrorismo y de ser parte de una persecución política contras las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
