Sentencian a 460 años de prisión a miembro de Mara Salvatrucha

El sentenciado, cuya identidad es reservada, enfrentaba cargos por extorsión agravada, sentencias parecidas se dieron a otros 7 miembros

por | Jun 14, 2024 | Actualidad, Internacional

El sentenciado, cuya identidad es reservada, enfrentaba cargos por extorsión agravada, sentencias parecidas se dieron a otros 7 miembros

El sistema judicial de El Salvador sentenció a un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a cumplir 460 años de prisión por el delito de extorsión agravada, según anunció la Fiscalía.

Otro integrante de la organización criminal recibió una sentencia de 360 años de prisión, mientras que seis pandilleros más fueron condenados a penas que oscilan entre los 60 y los 20 años de cárcel.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció a través de su cuenta en X (antiguo Twitter) que obtuvo sentencias de hasta 460 años de prisión para 8 pandilleros de la MS por extorsionar a 24 víctimas.

«La FGR presentó pruebas contundentes que mostraban cómo los pandilleros exigían pagos mensuales de entre 40 y 100 dólares a comerciantes, propietarios de buses y taxistas, como condición para permitirles operar», añadió.

El Ministerio Público no especificó el periodo durante el cual se llevaron a cabo las extorsiones, las cuales afectaron a residentes de Guatajiagua, Morazán, Ciudad Barrios, Chapeltique y Moncagua, ubicadas en el oriente del país.

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En julio de 2023, el Congreso de El Salvador aprobó reformas solicitadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que permiten llevar a cabo procesos penales masivos contra pandilleros sin necesidad de individualizar las responsabilidades de los acusados.

En ese momento, también se aprobó aumentar las penas de cárcel de 45 a 60 años para los líderes de pandillas. Además, más de un año antes, el Congreso aprobó legislar para imponer penas de entre 20 y 30 años de cárcel por pertenencia a una banda criminal.

Antes de que el gobierno de Bukele iniciara en marzo de 2022 una campaña contra las pandillas, bajo un estado de excepción criticado por organizaciones humanitarias, los grupos delictivos obtenían ingresos a través de la extorsión y el tráfico y distribución de drogas.

Quienes no cumplían con los pagos eran amenazados con ser asesinados o, en situaciones extremas, eran víctimas de homicidios. Después de que el gobierno de Bukele comenzara su campaña contra las pandillas, las extorsiones se redujeron significativamente y, según las autoridades, en la actualidad prácticamente han desaparecido.


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