Con reuniones secretas violó ley 28024, que tiene penas de hasta 8 años de prisión
El abogado y dirigente nacional de Renovación Popular, Yorry Warton, señaló que Pedro Castillo podría ser apresado inmediatamente tras lograrse la vacancia en su contra dado que el escándalo de los 20 mil dólares encontrados en Palacio, solo sería una pequeña muestra de la corrupción en su gobierno.
“Castillo ha hecho lo suficiente para ser Vacado. Luego, debe ser apresado, previo inicio de las investigaciones por los ilícitos penales (delitos) que se le imputan. El escándalo del dinero hallado en la sede de Palacio de Gobierno sólo es la punta del Iceberg. #VacanciaYa”, señaló en Twitter el abogado.
La situación de Castillo Terrones se agravaría aún más con las reuniones clandestinas y secretas que tuvo en su casa de Breña con empresarios, ministros y altos funcionarios del Estado violando flagrante las siguientes disposiciones jurídicas vigentes como el Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República, Ley N°28024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, Ley 29158, ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Decreto Supremo 077-2016- PCM Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.
Según el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante los “hechos constituyen graves indicios de la comisión de ilícitos penales que ameritan una inmediata y exhaustiva investigación y solicita que en cumplimiento de sus atribuciones de la Fiscalía se proceda a realizar la investigación”.
Sólo en la violación de la Ley 28024, según el artículo 400 del Código Penal, tendría pena no menor de 4 años ni mayor de 8 años más inhabilitación política.
El presidente de la República, Pedro Castillo, no solo estaría en “una situación adversa” que podría “afectar la transparencia”, como lo señaló la Contraloría, luego de que el Órgano de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial notara que ninguna de las reuniones que tuvieron el mandatario y el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, entre el 28 de julio y el 1 de agosto de este año, habían sido registradas.
Asimismo, el mandatario podría ser incluido en una investigación por delitos contra la fe pública. Esto, tras no reportar de manera oficial las visitas de funcionarios de Estado, así como representantes de empresas privadas.
“Además de un tema administrativo, habría delito contra la fe pública al colocar una agenda paralela, el presidente está mintiéndole a la ciudadanía y le está mintiendo a las autoridades cuando piden el reporte de las visitas a Palacio de Gobierno. Porque ese no es el reporte completo y él lo sabe”, explicó la penalista Romy Chang a un medio de comunicación.
