Crisis financiera de Petroperú pone en riesgo la red de almacenamiento más grande del Perú
La seguridad energética del Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos. La profunda crisis financiera que arrastra la empresa estatal Petroperú no solo ha reducido drásticamente su participación en las ventas del mercado nacional —pasando de un 49% a aproximadamente un 20%—, sino que ha puesto en grave riesgo la integridad y el control operativo de la infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos más grande y estratégica del territorio nacional.
El sistema de almacenamiento de hidrocarburos líquidos en el país se consolida en una red mixta que abarca refinerías del Estado, plantas concesionadas, terminales mayoristas de importación y hubs logísticos privados.
De una capacidad estática agregada que oscila entre los 25 y 28 millones de barriles a nivel nacional, Petroperú maneja de forma directa o indirecta entre 12 y 14 millones de barriles, concentrados principalmente en la batería de tanques de la Nueva Refinería Talara —que cuenta con 125 tanques masivos—, Conchán e Iquitos.
Sin embargo, la asimetría financiera ha obligado a la petrolera estatal a ceder la operación de sus terminales clave a consorcios privados bajo esquemas de concesión y contratos a largo plazo, como el Consorcio Terminales del Perú (UNNA Energía y Oiltanking) en el norte y centro, y Servosa Cargo en la macroregión sur. Mientras los operadores privados gestionan con eficiencia los flujos, Petroperú percibe tarifas marginales de maquila que no reflejan el justiprecio de sus activos históricos, profundizando su falta de liquidez.
VÍCTIMA COLATERAL
En este complejo entramado logístico, el mercado de biocombustibles y su mezcla con combustibles fósiles se ha convertido en una de las principales víctimas de la escasez de infraestructura y de la concentración del almacenamiento. Tal como se advierte en el análisis del sector, el almacenamiento de productos críticos como el diésel y el biodiésel depende peligrosamente de una capacidad estática muy limitada y centralizada en la costa.
Específicamente, el terminal especializado de Pure Biofuels (Viterra) ubicado en el Callao, con una capacidad cercana al millón de barriles, opera como un almacén de maquila indispensable para los importadores mayoristas de diésel y biodiésel. Esta extrema dependencia de un único nodo privado para la recepción y mezcla de biocombustibles expone a todo el sistema nacional a una vulnerabilidad severa: cualquier contratiempo operativo, congestión portuaria o acaparamiento de capacidad mediante tarifas de reserva (Storage Fee) asfixia de inmediato a los comercializadores menores y desestabiliza el suministro verde.
PELIGROS
Los contratos de concesión y el esquema de servicios de maquila han configurado, en la práctica, un modelo de «privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas». Los grandes actores internacionales y comercializadores privados se apalancan de la infraestructura construida con recursos públicos para operar sin asumir los riesgos financieros ni el mantenimiento pesado de la red.
A esto se suma el abandono potencial de las zonas no rentables. Mientras los privados compiten en los terminales altamente lucrativos de la costa, Petroperú arrastra la responsabilidad social y logística de abastecer con plantas en la selva profunda (Iquitos, Pucallpa) y en la sierra altoandina (Cusco, Juliaca). Si la estatal colapsa financieramente, regiones enteras quedarán expuestas al desabastecimiento, sobre todo ante contingencias climáticas como oleajes anómalos que cierran los puertos del Callao.
El informe técnico evidencia que la crisis de Petroperú no es un problema aislado de balance contable, sino una amenaza directa a la soberanía energética del Perú. Permitir que el almacenamiento de componentes esenciales como el biodiésel y el diésel quede a merced de oligopolios logísticos y de la falta de inversión estatal deja al consumidor final cautivo de precios elevados y de un suministro sumamente frágil.
Urge una reestructuración profunda con enfoque soberano que redefina el rol de Osinergmin y PROINVERSIÓN, garantizando que la infraestructura nacional sirva al desarrollo del país y no al debilitamiento sistemático de su propia seguridad energética.
REGLAMENTO
Otra situación adversa que enfrenta el sector de los biocombustibles es que hasta ahora no se materializa la reglamentación de la Ley N° 32276.
A pesar de haber sido promulgada a principios de abril de 2025 y haberse dispuesto un plazo de 90 días para su reglamentación, hasta ahora no se ha producido.
Gremios de productores han señalado la urgencia de impulsar y destrabar la publicación de este reglamento para respaldar la producción nacional y proteger a miles de familias dedicadas a esta actividad.
