La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien admitió haber recibido más de 11 millones de dólares de las empresas corruptas Odebrecht y OAS, ha solicitado formalmente que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) le cubra los gastos que irroga su defensa legal en el proceso judicial que afronta por presuntas irregularidades en la obra de la Plaza de la Bandera, ejecutada durante su gestión 2011-2014.

A través de un documento con fecha 16 de julio, Villarán de la Puente consideró que la comuna limeña debe brindarle la defensa legal institucional correspondiente por su “calidad de exalcaldesa“. El caso se encuentra en etapa intermedia de control de acusación ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios.

La izquierdista señaló que en la investigación se la acusa por presunta colusión agravada y negociación incompatible. Según precisa, el proceso está relacionado con un caso ocurrido durante su administración como burgomaestra entre los años 2011 y 2014 por “otorgar valorizaciones adicionales en favor del Consorcio Villa en una obra de la Plaza de la Bandera”.

“Actualmente, el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento del caso, pero la Procuraduría ha formulado oposición, por lo cual el proceso continúa”, añadió en su petición.

Villarán basa su pedido en lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil y un Decreto Supremo, que regulan el derecho de defensa legal institucional para servidores y exservidores públicos. Alega que su calidad de exalcaldesa de Lima y expresidenta del Comité Directivo de Invermetle otorgan este derecho, debido a que los hechos que se le imputan se habrían cometido durante su gestión entre 2011 y 2014.

La exburgomaestre adjunta compromisos de reembolso y devolución en caso de no corresponder la cobertura legal solicitada. También incluye copias de la notificación judicial que acredita su situación legal y de la oposición presentada por la Procuraduría Pública, la cual ha solicitado el rechazo del pedido de sobreseimiento del caso, razón por la que el proceso continúa.

En el mismo documento, Villarán propone que su defensa esté a cargo de la abogada Merly Fiorelly Edquen Olivera, quien “cuenta con experiencia en temas penales y en la representación legal de servidores civiles”, según indica. La exalcaldesa plantea, además, que la Municipalidad de Lima asuma el pago de 31 mil soles como honorarios profesionales por toda la etapa del juicio penal, según informó Canal N.

La propuesta se sustenta en el numeral 6.3 de la Directiva sobre Reglas para el Ejercicio del Derecho de Defensa y Asesoría de los Servidores y Exservidores Civiles.

OTROS PROCESOS

Además del proceso por la obra de la Plaza de la Bandera, Susana Villarán es investigada por la presunta recepción de aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, en el marco del caso Lava Jato. En ese expediente, el Ministerio Público ha solicitado 29 años de prisión en su contra por delitos vinculados al financiamiento ilegal de sus campañas del “No a la revocatoria” (2013) y reelección (2014).

Actualmente, Villarán cuenta con una orden judicial de impedimento de salida del país por 36 meses. A esto se suma la preocupación de sus abogados por supuestas amenazas y hostigamientos que, según su versión, habría recibido en su domicilio por parte de colectivos radicales tras el fallecimiento de su exgerente general, José Miguel Castro.