Para trabajadores que hayan visto recortados sus ingresos
El congresista Paul García de Acción Popular presentó un proyecto de ley para suspender el pago de la renta –así como los intereses, moras y penalidades correspondientes–, a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica ante la pandemia del COVID-19. Esta medida estaría vigente por hasta dos meses posterior al fin del estado de emergencia (30 de junio).
La iniciativa busca cubrir a los trabajadores que han quedado desempleados por el cierre de sus centros de labores, o que hayan visto recortados sus ingresos, o los independientes con pérdidas de ventas que se acojan a la medida. El legislador Paul García descartó que la medida pueda afectar a los propietarios de las viviendas.
Para acceder a esta medida propuesta, el proyecto precisa que el arrendatario “deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la declaratoria de emergencia a consecuencia del brote de COVID-19”.
La vulnerabilidad económica se probará cumpliendo con algunas de las condiciones como estar desempleado, que se le haya reducido las jornadas laborales y la remuneración que percibía, reduciendo sustancialmente sus ingresos. Asimismo, los trabajadores independientes que sufran una pérdida sustancial de los ingresos o una caída de las ventas superiores al 40%.
Las reglas convenidas en los contratos de arrendamiento y las normas legales pertinentes, como el caso del Código Civil son las que deben aplicarse para resolver conflictos. Además, siempre está abierta la posibilidad de una renegociación de los términos del contrato que es una vía utilizada para que las partes solucionen sus diferencias.
Cabe indica que en la misma línea del proyecto inicial, otra propuesta legislativa de la congresista Mónica Saavedra, de la misma bancada, plantea suspender automáticamente por el plazo de dos meses el cobro de agua, energía eléctrica, gas, servicios de telefonía fija, celular, Internet, cable y pago de alquileres.
