En audiencia pública, el Tribunal Constitucional analizará el miércoles la demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo contra la Ley 31729, que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la ONP.
La aplicación de la norma, propuesta por el congresista José Luna Gálvez, beneficiará a más de 115 mil peruanos que migraron de la ONP al sistema privado de pensiones desde el 2002.
“Lo que hace la ley 31729 es reconocer el carácter intangible de los aportes de los trabajadores y decir al Estado que no se puede aplicar la política del ‘perro muerto’ contra los trabajadores. Ese dinero fue recortado de los sueldos, a lo largo de la vida laboral de peruanos, con la única finalidad de contar con una pensión digna en su momento”, sostuvo Luna Gálvez.
El Ejecutivo se opone por considerar que el cumplimiento de la ley 31729 significará un alto costo al erario nacional.
El parlamentario explicó que el Ejecutivo ha dilatado el cumplimiento de la norma, pese a que fue publicada en abril del 2023, alegando falsamente su inconstitucionalidad ante el TC, y este organismo hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.
“Señores del TC, no permitan dilatar más el cumplimiento de una ley; no acepten ser usados por el Ejecutivo para incumplir una norma con plena vigencia. Su ejecución es una demanda nacional y demostrará que nuestro modelo democrático tiene las instituciones para hacer prevalecer el estado de derecho”, enfatizó.
El líder de Podemos Perú destacó el carácter intangible de los fondos de pensiones y los aportes monetarios de los trabajadores solo debe ser usado con una finalidad previsional, establecido en la Constitución Política del Perú.
“Es dinero es de los trabajadores, es intangible frente a intervenciones arbitrarias del Estado, pues constituye el patrimonio de los afiliados. Los trabajadores aportaron de su sueldo mensual con el objetivo de contar con una pensión cuando ya no puedan trabajar. No se puede justificar esa apropiación con razones meramente financieras y presupuestales”, afirmó.
El congresista señaló que el Tribunal Constitucional solo puede decidir en contra de la pretensión del Ejecutivo, y reconocer el derecho de los peruanos de disfrutar del fruto de su trabajo, que debe traducirse en este caso en mejores pensiones.
Recordó también que ya el Ejecutivo ha cumplido con el bono de reconocimiento y lo entregó en los años 1992, 1996 y 2001, “¿por qué recién ahora es inconstitucional la norma y pone en riesgo el presupuesto nacional?”, cuestionó Luna Gálvez.
