Durante su ponencia el magistrado Ramos señaló que el Poder Ejecutivo contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza tanto para proponer una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional como para solicitar la postergación de la elección de magistrados.
Lo cual, añadió, obedecía una especial coyuntura política que aún atravesaba el país.
“En la medida en que el Congreso decidió no suspender dicho acto es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo”, añadió.
Además, sostuvo que el
Congreso aceptó el proyecto planteado por el Consejo de Ministros referido al TC, pero no el segundo pedido, que era la suspensión de la elección de los magistrados del tribunal.
«Materialmente no se cumplió con uno de los extremos solicitados, no se materializó en el acto de votación, pero sí en forma manifiesta de no aceptar lo solicitado», indicó.