Por: Martín Valdivia
Parece mentira cómo un puñado de comuneros – azuzados en un comienzo por dos abogados mafiosos – puede mantener en vilo a todo un país, deteriorando nuestra economía en momentos que más necesitamos producir y progresar. Según el Ministerio de Energía y Minas, Las Bambas dejó de exportar unos 94 millones de dólares por el bloqueo en la ruta que une la mina con el puerto de Matarani, en Arequipa.
Y las cifras dan para más: sólo la producción de cobre en Las Bambas representa el 1% de nuestro PBI, es decir, es parte del dinero que representa nuestro crecimiento en un año, crecimiento supeditado a los antojos de un grupo de comuneros que no ven más allá de sus propios intereses y los que incumben a todo un país. ¿Son legítimos sus reclamos? Puede ser, pero ello debería quedar zanjado con la buena voluntad al diálogo y al entendimiento entre las partes.
Pero Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, ha hecho todo lo contrario: se sentó a la mesa de diálogo pero sin demostrar liderazgo y manejo de la situación. Incluso ayer, en una emisora local, se atrevió a decir que ““tal vez habré firmado mal. Mi firma no está clara porque soy representante nomas. Ahora los que tienen que ratificar esa firma es la asamblea general de los propietarios del fundo Yavi Yavi”.
Esta actitud, reprochable desde todo punto de vista, no puede ser tolerada por el Gobierno. Ahora, estos señores desbloquearán la vía de ingreso a la mina “sólo hasta el jueves”. Es decir, ellos ponen sus condiciones, ellos amenazan, ellos son dueños de la situación. Horas de diálogo, donde incluso la propia Iglesia Católica entró a dialogar, se fueron al tacho con la actitud de Rojas, seguramente presionado por los dirigentes más radicales(se ha denunciado incluso la presencia del Movadef en la zona), tratando de prolongar el conflicto y poner virtualmente de rodillas al Ejecutivo.
Ojo, no estamos hablando de comunidades sumidas en la pobreza e ignorancia. Son pueblos que han recibido de la mina importantes recursos económicos y que vivían en sana convivencia con la empresa. Bastó que alguien los azuzara y les dijera que debían protestar “por otras cosas” para mover las aguas y desatar esta protesta que cuesta a cada peruana millones de dólares diarios en pérdidas para nuestra economía.
Ojalá no se siente un nefasto precedente con el accionar del Gobierno. Ojalá se sepa negociar con estas comunidades y quede claro el principio de autoridad que debe regir en todo país medianamente desarrollado. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
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https://larazon.pe/2019/04/08/un-problema-de-nunca-acabar/
