El Congreso lo estaría pensado
En los últimos días, ha surgido controversia en torno a un dictamen que supuestamente autorizaría a los autos modelo Tico a brindar el servicio de taxi en diversas provincias, a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad que estos vehículos podrían representar para los pasajeros. Esta iniciativa ha generado debate y preocupación entre la ciudadanía y diversos sectores, quienes han expresado su rechazo debido a las posibles implicancias en términos de seguridad vial.
El origen de esta discusión se remonta al Decreto Supremo 058-2023-MTC, emitido en 2003, el cual prohibió específicamente que los autos Tico operaran como taxis. Esta medida se basó en la evaluación de que estos vehículos no cumplían con los requisitos de seguridad y otras normativas necesarias para ofrecer un servicio de transporte público seguro y confiable. Desde entonces, los Tico han sido excluidos del sector del transporte de pasajeros por esta razón.
Recientemente, el Congreso de la República ha sido objeto de críticas y controversias debido a la aprobación de un dictamen que supuestamente revertiría esta restricción. Sin embargo, en respuesta a la indignación pública y las preocupaciones planteadas por expertos en seguridad vial, el Parlamento ha aclarado que dicho dictamen no está en la agenda prioritaria para su debate durante el actual periodo legislativo.
El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, ha expresado firmemente su oposición a esta iniciativa, calificándola como inconstitucional y surgida de la ignorancia sobre los estándares de seguridad que deben regir en el transporte público. Según Quispe Candia, permitir que los autos Tico operen como taxis podría comprometer la seguridad de los pasajeros y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.
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Por otro lado, se ha destacado la importancia de mantener normativas estrictas que garanticen la seguridad tanto de conductores como de pasajeros en las vías públicas. Las leyes y regulaciones vigentes sobre transporte público deben asegurar que todos los vehículos utilizados para este fin cumplan con los estándares mínimos de seguridad y operatividad, con el fin de evitar incidentes que puedan poner en peligro la vida y la integridad física de los ciudadanos.
Es fundamental que cualquier decisión relacionada con el transporte público sea tomada con base en estudios técnicos, consultas con expertos en seguridad vial y considerando el impacto directo que tendría en la población. La seguridad debe ser una prioridad indiscutible en todas las políticas y normativas relacionadas con el transporte urbano, especialmente cuando se trata de vehículos destinados al servicio de pasajeros.
Aunque la propuesta sobre los autos Tico como taxis ha generado controversia, el Congreso ha aclarado que no está actualmente en proceso de ser debatida como parte de la agenda legislativa. Este debate ha puesto de relieve la necesidad de mantener estándares rigurosos en materia de seguridad vial y de transporte público, garantizando así la protección y bienestar de todos los ciudadanos que utilizan este servicio en el país.
