Por: William C. Contreras Chavez
Como consecuencia de la crisis política que afrontó el país hace unas semanas atrás, quiérase o no se viene imponiendo y reconociendo en los hechos la justificación del cierre del Congreso de la República; situaciones concretas como la declaración del Tribunal Constitucional para no admitir la incorporación del nonato nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos y por cierto la decisión de los partidos políticos Fuerza Popular y el APRA para participar en el próximo proceso electoral complementario a fin de elegir a los nuevos congresistas así lo demuestran.
Podemos estar o no de acuerdo con el cierre del Congreso de la República, pero la decisión del Ejecutivo se ha visto respaldado no solo por posiciones de sendos constitucionalistas sino también por una absoluta mayoría de ciudadanos del país. Como también es verdad que tal desenlace fue objetado por otro sector de inminentes constitucionalistas y rechazada por una población absolutamente minoritaria.
Pero qué duda cabe, tampoco podemos cerrar los ojos ante el inaceptable manejo de la conducción de una alianza mayoritaria en el seno del extinto Congreso, que hizo de éste una matonería política para arrasar con propuestas y proyectos que no eran de su interés, expresándose en la protección grosera a los suyos y aliados aun cuando existía evidentes actos lesivos a la ética, pero fundamentalmente por apañar a personajes del sistema jurídico y político vinculados a la corrupción, cuyas evidencias aún vienen apareciendo y remeciendo la vida política del país.
En efecto, claro está que nuestro sistema está profundamente resquebrajado; y que la mentada vulneración de la Carta Magna y el golpismo no cuajan si se tiene en cuenta que de no haberse producido tal decisión política pudimos ser objeto de un desborde social que se encontraba en curso, pero cuya dimensión no coincidió felizmente con lo ocurrido justamente con nuestros vecinos de Ecuador y Chile; como tampoco es válido ni cierto que en aras del respeto a la Constitución, el Perú tenga que haber esperado que el exCongreso de la República tenga que haber culminado el período de 5 años, cuando esa mayoría parlamentaria se ha venido defecando en la lucha contra la corrupción, protegiendo determinados intereses económicos y políticos.
El ejecutivo adolece de la suficiente autoridad moral para hablar en nombre de la lucha contra la corrupción, aun cuando este fue el caballo de batalla que aceleró el resquebrajamiento institucional, por existir serios cuestionamientos contra el propio Presidente de la República en el ejercicio de la actividad privada y pública; situación que justifica la convocatoria a un nuevo proceso electoral con reglas definidas por el Jurado Nacional de Elecciones, cuya conducta de algunos magistrados también se han puesto en tela de juicio y que aún no han sido desvirtuadas ni aclaradas satisfactoriamente.
Finalmente, corresponde a los partidos políticos escoger a sus mejores cuadros que respondan con probidad y ética la labor parlamentaria y por ende atañe a la ciudadanía votar con conocimiento de causa, por los mejores candidatos y espacios políticos, a fin de recuperar la credibilidad del fuero parlamentario y en ese corto tiempo se encauce un proceso eminentemente democrático, con apego a la Constitución, a la ética, a la equidad, a la justicia social que el país espera largamente.
(*) Abogado y analista político.
