Cientos de trabajadores de la empresa Agroindustrial Cayalti marcharon hoy por las calles de Chiclayo, exigiendo la salida del actual gerente Augusto Cilloniz Benavides, a quien acusan de haberse apropiado ilegalmente de la empresa y de no pagarle sus sueldos durante ocho meses consecutivos.
Los dirigentes de los trabajadores acusaron a Cilloniz Benavides de ser el operador azucarero del “Club de la Construcción” y de emplear a la empresa agroindustrial Cayalti para lavar dinero de origen ilícito de la empresa constructora OBRAINSA, que provendría de la adjudicación irregular de decenas de obras públicas, mediante el pago de millonarias coimas a altos funcionarios del Estado, razón por la cual la Sala Penal Nacional Especializada en Corrupción de Funcionarios ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra su gerente Elard Paul Tejeda Moscoso, quien se encuentra prófugo.
Según la denuncia de los azucareros, OBRAINSA miembro activo del “Club de la Construcción”, se habría apropiado el 90% de las acciones de Cayalti a través de la empresa Intipuquio SA representada por Augusto Cilloniz, mediante una cuestionada operación de capitalización que ha sido anulada por la Superintendencia del Mercado de Valores; sin embargo, hasta la fecha Cilloniz se mantiene en el control de la empresa a pesar de que no cumple con el pago de las remuneraciones de los trabajadores desde hace más de ocho meses.
Los trabajadores exigieron en el frontis del Ministerio Público se aceleren las denuncias contra Cilloniz, por el presunto fraude y por el delito de lavado de activos, por el que viene siendo investigado conjuntamente con su ex abogado Alfredo Montenegro Bermeo y Victor Rojas Díaz, el primero de ellos preso por integrar la desarticulada banda “Los Corchines de la corrupción” y el segundo miembro del directorio de Cilloniz en Cayalti, y ex regidor de la MPCH acusado de recibir un supuesto préstamo de más de cinco millones de soles de origen ilícito por parte de Montenegro.
Los trabajadores anuncian una batalla legal para recuperar la propiedad de la empresa Cayalti, y aseguran que de no ser escuchados radicalizaran sus medidas de protesta.
