OEA señala que «compete al TC pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad»
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la situación en el país tras la disolución del Congreso de la República. Según indica el organismo internacional, le compete al Tribunal Constitucional peruano (TC) pronunciarse sobre la legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas.
«La OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo», dice el pronunciamiento.
Además señalan en su comunicado que «la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas».
La integrante de la Comisión Permanente, Karina Beteta, anunció que los miembros del Congreso acudirán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al Tribunal Constitucional, debido a que lo ocurrido en el Parlamento es un «golpe de Estado».
Sostuvo que el decreto emitido por el presidente Martín Vizcarra no tiene «validez jurídica» porque no ha cumplido con el orden constitucional. «Nosotros hemos sido elegidos democráticamente en unas urnas y es lo que se tiene que respetar. Vamos a recurrir a la OEA de la misma manera con la de manda competencial al Tribunal Constitucional», afirmó.
Recurso
Ante ello, se conoció que el titular de la Congreso, Pedro Olaechea, evalúa presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de revertir la disolución del Parlamento.
“Es algo que se está evaluando. Tenemos una serie de acciones y queremos ver (qué medida) adoptar”, indicó en una conferencia con la prensa extranjera.
Olaechea recordó que el Congreso envió al diario oficial El Peruano la resolución de nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zeballos como integrante del TC para su publicación; no obstante, cuestionó que dicho pedido no haya sido atendido.
“El nombramiento del vocal (Ortiz de Zeballos) está apegado a ley, no puede ser anulado. No se ha recibido ayer la resolución nombrándolo como manda la ley. Ya estamos llegando a unos niveles de ilegalidad”, dijo tras precisar que el tribuno debe asumir sus funciones cuanto antes.
Critica al TC
En otro momento, el titular del Congreso cuestionó la labor de los siete integrantes del TC, cuyos mandatos han vencido.
“Acá hay una grave infracción constitucional, tenemos pruebas que el TC está comprometido en su estructura legal (…) hoy sabemos que era un tribunal adicto al gobierno”, enfatizó.
Respecto a la magistrada Marianella Ledesma, quien denunció un presunto ofrecimiento para seguir en el cargo, Olaechea criticó que se haya declarado abiertamente en contra del fujimorismo.
“En ningún lado del mundo un juez puede decir sus preferencias, adelantando sus opiniones”, acotó.
Golpe
En otro momento, Olaechea señaló que el Perú “tiene un golpe de Estado”. “[¿El Perú tiene dos presidentes?] Tiene un golpe de Estado que es distinto, pero no tiene dos presidentes”, aseveró.
“Esta es una situación que ha venido derivando desde el punto de vista que el presidente [Martín Vizcarra] ha venido presentando proyectos de ley que eran inconstitucionales y él decía que tenían que tomarse tal cual y que no debía cambiarse su esencia, cosa que hasta ahora no sabemos qué cosa es la esencia en términos de leyes”, explicó Olaechea.
Restricción
Agentes de la Policía Nacional solo dejaron ingresar a los miembros de la Comisión Permanente y a una lista todavía no definida de trabajadores administrativos a la sede del Congreso de la República, tras la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento.
“Se va a coordinar con el jefe de Seguridad del Congreso. Van a proceder a que ingresen, previa identificación, las personas que el oficial de seguridad interna del Congreso haga llegar a la PNP [El ingreso de personal] lo decide la seguridad del Congreso y la Comisión Permanente van a poder ingresar”, detalló el general PNP Jorge Lam, jefe de Tránsito.
