Contra proceso por traición a la patria
El Tribunal Constitucional evaluó en su audiencia de ayer la demanda de hábeas corpus que presentó el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra el Congreso de la República que busca anular el proceso que se inició por el presunto delito de traición a la patria.
El recurso constitucional se sustenta en el hecho de que, como mencionó el defensor legal del presidente de la República, no existe debida motivación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y en la consideración que un juez constitucional sí está habilitado para pronunciarse si es que hay un “abuso y exceso” en las comisiones del Congreso.
Pachas advirtió que, de proceder el caso en el pleno del Poder Legislativo, se pondría en riesgo los derechos de Castillo Terrones al debido proceso, debida motivación e incluso a su libertad y a su permanencia en el cargo de presidente de la República.
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“Lo parafrasean, lo esconden (lo que dijo sobre no dar mar a Bolivia) y buscan los votos y dicen ‘ya tenemos los votos contados’ porque esta sería la tercera forma de vacarlo y buscan de forma desesperada, propia de la Santa Inquisición”, advirtió el abogado.
Subcomisión recomienda admitir denuncia de Fiscalía
La Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó admitir la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por ser cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal para cometer actos ilícitos.
En el informe de calificación que se pondrá a debate en el citado grupo de trabajo, se le acusa al jefe de Estado, al prófugo Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda) ser presuntos autores de los delitos de organización criminal y colusión.
Dicho informe de calificación será visto mañana a las 6:30 de la noche en el seno del grupo de trabajo que preside la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso).
Recordemos que el presidente Castillo intentó dejar sin efecto el trámite de esa denuncia, pero el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente su tutela de derechos.
Por compra de votos de congresistas en caso ‘mamanivideos’.
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