La entrega de terrenos se realizó con visos de ilegalidad a supuestos agricultores de Masisea.
Es grave la denuncia realizada por la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Gerencia de Control en Ucayali, debido a que informa la lamentable pérdida de 3.00 hectáreas de bosques de Selva Virgen y tierra de comunidad nativa. La pérdida se dio mediante una adjudicación con visos de ilegalidad a supuestos agricultores de Masisea.
Por ende, Eder Díaz Chávez, quien ostenta el cargo de gerente regional de control de Ucayali, indicó mediante un informe del control realizado por parte de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional (Gore) la detección de un proceso de formalización de adjudicación de terrenos realizado en la misma localidad de Masisea. El proceso no habría cumplido las condiciones necesarias.
Según lo mencionado por Díaz Chávez, todo se realizó en marco del Decreto Legislativo 1089, que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, el cual indica los pasos y condiciones previas a cumplir para la adjudicación de predios agrícolas; y que a pesar de eso, los requisitos no se habrían cumplido.
Tal como indica el Informe de Control Específico N°040-29080-CG/GRUC-SCE, entre 2015 al 2018, el director de la Dirección Regional de Agricultura dio disposición sobre la ejecución del procedimiento de formalización en el sector 15 (carretera Masisea – Imiría), de esa forma validando las etapas previas como la determinación de la unidad territorial y el diagnostico físico legal, aun cuando estos no se elaboraron en relación del Decreto Legislativo N° 1089 que establece el régimen de formalización y titulación de predios rurales.
El procedimiento se inició a pesar de que la cobertura boscosa en la zona era mayoritaria, con un 64.13% en 2014 y un 63.88% en 2015. Además, el informe de diagnóstico físico legal carecía de información sobre antecedentes, investigación registral, verificación de superposición, y no evidenció la presencia de territorio de comunidades nativas y áreas de conservación.
El equipo de auditores encontró que como resultado de la labor de formalización, se crearon 35 terrenos con cobertura boscosa total o predominante. Además, 34 de los predios se superponían a los territorios de las comunidades nativas ‘Buenos Aires’ y ‘Caimito’.
Finalmente, como resultado de este proceso de formalización, la entidad registró 75 terrenos ante los Registros Públicos, de los cuales 41 han sido cedidos a la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea.
Se encontró responsabilidad penal en 6 ex funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura. Los informes de control emitidos por la Contraloría General de la República están disponibles para la ciudadanía a través del Buscador de Informes de Servicios de Control.
“De la investigación realizada, las condiciones previas ni el proceso se habrían cumplido a cabalidad, lo que ha generado la adjudicación las 3,000 hectáreas de tierras a supuestos agricultores”, dijo el gerente Eder Díaz Chávez.
El funcionario afirmó que la adjudicación de las 3,000 hectáreas de terreno se realizó sin cumplir con la actividad agrícola previa ni en el plazo establecido, como lo exige la normativa; y, a pesar de todo eso, el proceso de entrega de los terrenos se llevó a cabo.
“Las tierras adjudicadas incluyen territorios de cobertura boscosa, de comunidades nativas y áreas de conservación y todo esto, ha tenido una afectación del patrimonio nacional”, remarcó.
Díaz Chávez afirmó que después y a través de procesos de registro, los terrenos terminaron en manos de la colonia menonita.
Menciono que los terrenos, tras una verificación de campo hecha por la Contraloría, en el presente poseen fines agrícolas a cargo de la colonia menonita.
Eder Díaz Chávez, posteriormente, afirmó que el informe de control se remitirá a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales para que sea incluido en el proceso de investigación y determinación de los responsables de la adjudicación de las hectáreas.
