La eventualidad que el JNE finalmente habilite la candidatura de Vizcarra no será una decisión de menor calado. Al contrario, instaura un precedente terrible Los fundamentos del régimen electoral democrático quedarían destrozados irremisiblemente, pues el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la participación política –intrínseco a una República ordenada– sería sacrificado en el altar de las apetencias del poder de turno. Veamos cómo.
La democracia política estima al pueblo como el soberano legítimo. Las autoridades elegidas sólo son sus representantes temporales. Esto quiere decir que el ciudadano –individuación del pueblo– y la autoridad estatal son dos categorías separadas e irreductibles entre sí. Se trata de una distinción crucial que no puede desdibujarse, so riesgo de encallar en el totalitarismo. Los gobernantes no son soberanos, como lo fueron en la época del Absolutismo. Únicamente son mandatarios de la voluntad del pueblo soberano, expresada por el sufragio libre. En consecuencia, los derechos ciudadanos no se confunden con las prerrogativas de los altos funcionarios políticos; tampoco sus respectivos ámbitos de actuación. Transgredir esta premisa –como se ha hecho con Vizcarra– refuerza las opciones del ya poderoso en menoscabo del ciudadano de pie.
Por este motivo mientras la participación ciudadana debe ser alentada sin reservas, la actividad de los gobernarse siempre deberá limitarse. El apotegma constitucional: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” (Inc. 24, del Art. 2º), sólo posee validez en los espacios privados; jamás en los públicos. Ello explica que el Presidente no puede reelegirse inmediatamente ni postular al Parlamento sin mediar seis meses de dejar el cargo (Art. 91º constitucional). Estas cortapisas serían inauditas si se tratara de los ciudadanos en general, mas no cuando se trata de un ex-presidente que ha ejercido el máximo poder de la Nación. Al contrario, se garantiza a la ciudadanía competir en condiciones de igualdad. Nadie negará el inmenso poder de un Jefe de Estado, incluso después su defenestración. Y, por lo tanto, saltar el impedimento propicia, con descaro y fraude, el continuismo vizcarrista.
Además de estas razones que fluyen del Estado Constitucional de Derecho, la presencia del moqueguano enturbia gravemente el proceso electoral. El incapaz moral, así declarado por el Congreso, afronta una serie de procesos penales por coimas, tráfico de influencias y otros delitos, desde que era Presidente Regional. Un corrupto exponencial. Es responsable por la muerte de cien mil peruanos desatendidos ante la pandemia y por la destrucción de millones puestos de trabajo, empobreciendo a la población. Cuando los dictadores de antaño querían entornillarse en el poder apelaban a la fuerza castrense. Los de ahora cuentan con los organismos electorales, la gran prensa sobornada y algunos sectores empresariales complacientes con el envilecimiento de la democracia peruana.
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