Ex PNP pasado al retiro en 2020 por delito contra el patrimonio en modalidad de receptación de vehículo
El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó que uno de los acusados de haber quemado vivo al suboficial PNP José Soncco Quispe, es el policía en situación de retiro Erusbel Apaza Uturuncu, que fue pasado al retiro en 2020 tras ser detenido por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación de vehículo robado.
El otro implicado en el crimen de Soncco Quispe, según el reporte del Mininter, es el sujeto Ismael Díaz Ccallata (28), a los que se añade un tercer detenido, Yesenia Molina (27), que no intervino en el crimen, pero sí en las fechorías de la banda.
La mujer Yesenia Medina ha sido acusada por los presuntos delitos contra la seguridad pública, bajo la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, y por lavado de activos, lo cual explica la razón del robo del fusil AKN y las pistolas, después de ser quemar vivo a Soncco.
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Apaza fue detenido en un inmueble de la urbanización Clara Victoria y Díaz fue capturado cuando transitaba por la avenida Aviación, en inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, ambos en Juliaca (Puno).
En la vivienda donde fue capturado Apaza, los policías hallaron una cacerina de fusil AKM con siete municiones y accesorios de una pistola Pietro incinerados, además de 23,800 dólares americanos.
Así fue el ataque a Soncco
Por las pesquisas habidas, es posible establecer que Apaza Uturuncu y Díaz Ccallata, aparentemente al frente de una turba, atacaron y secuestraron en la madrugada del martes 09 de enero a la patrulla conformada por los suboficiales PNP José Luis Soncco y Ronald Villasante y un tercero, Esteban Barrientos, aparentemente un civil amigo de los policías, que nunca fue mencionado en el informe de Mininter sobre el caso.
La patrulla de Soncco y Villasante fue atacada mientras realizaba ronda de vigilancia por la urbanización de Tambopata, en Juliaca, muy distante de las manifestaciones que tendrían lugar 10 horas después.
La manifestación popular, realizada diez horas después del crimen, reclamaba la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.
