Junto a otros investigados por los casos Odebrecht y OAS
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc sobre el incremento de la pretensión resarcitoria a 20 millones de dólares, en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros investigados por los casos Odebrecht y OAS.
Según la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se aprobó elevar de 8 a 20 millones la petición resarcitoria para Villarán de la Puente y otros 17 procesados.
Precisa que el monto ilícito recibido para las campañas del No a la revocatoria y reelección municipal de Susana Villarán alcanza los US$ 10 millones y no los US$ 4 millones como inicialmente se postuló.
Según las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del ‘No a la revocatoria’ Odebrecht y OAS destinaron cada una US$ 3 millones, mientras que esta última empresa entregó otros US$ 4 millones para la reelección edil de Villarán.
Los US$ 20 millones al cambio actual equivalen a S/ 66 millones 900 mil. La exalcaldesa de Lima es procesada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano.
Las empresas brasileñas habrían aceptado dar dinero a la campaña de Susana Villarán porque Odebrecht tenía el proyecto de concesión de vías nuevas de Lima, a través de Rutas de Lima, y OAS a través de la empresa Lamsac, la adenda 1 de Línea Amarilla.
Cabe indicar que por ambos casos, Susana Villarán cumple prisión preventiva por 24 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Su exgerente municipal José Miguel Castro también cumple la misma medida, por 18 meses, en un penal de la capital.
Además, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios confirmó la comparecencia con restricciones dictada contra el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado, quien investigado junto a la exalcaldesa de Lima.
Antecedente
El Poder Judicial cumple una prisión preventiva por 18 meses por recibir US$10 millones en aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS con «la finalidad de continuar en el poder al mando de la Municipalidad de Lima», según las pesquisas seguidas por el Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato.
La exalcaldesa, según el documento fiscal, solicitó dinero a ambas empresas brasileñas por intermedio del exgerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez (45), sobre quien también pesa un requerimiento de prisión preventiva por 36 meses. La Fiscalía determinó que los millonarios aportes fueron destinados a las campañas de reelección (2014) y contra la revocatoria (2013) de Villarán de la Puente.
A cambio del financiamiento para ambas campañas políticas, Villarán de la Puente «incumplió sus obligaciones funcionariales de defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad», al favorecer a Odebrecht -a través de su subsidiaria Rutas de Lima- con el proyecto Vías Nuevas de Lima y a la constructora OAS con la firma de una adenda a la concesión del proyecto de Línea Amarilla, según la investigación del fiscal Carlos Puma Quispe.
«Un tipo en Brasil, ha dicho que tú y yo, hemos ido a conversar para que nos den tres palos verdes. Yo me devano, ¿entiendes?… si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente», aseguró Villarán de la Puente en una reunión privada con Castro Gutiérrez y Gabriel Prado Ramos (43), ambos también investigados por la Fiscalía.
