Susana Villarán se sentará desde hoy martes en el banquillo de los acusados para ser juzgada por presuntos actos de lavado de dinero y corrupción vinculadas a su gestión como alcaldesa de Lima (2011-2014) y a las dos campañas electorales en las que participó durante ese periodo. El equipo especial Lava Jato de la fiscalía la acusa de cinco delitos y pide una condena de 29 años de prisión.
El inicio del esperado juicio de Susana Villarán está programado para hoy martes 23 de septiembre desde las 9:00 a.m. en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Estará a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que preside la jueza Nayko Coronado. Es el mismo tribunal que ya sentenció al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos vinculado a aportes de campañas y que estuvo cargo del anulado juzgamiento a Keiko Fujimori por el ‘Caso Cocteles’.
Para la audiencia han sido citadas presencialmente todas las partes, entre las que está el fiscal José Domingo Pérez, encargado de sustentar la acusación; la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato y las defensas. Junto a Susana Villarán hay otras 18 personas acusadas, con pedidos de condenas que van desde 9 hasta 18 años de prisión.
Además de ellos, al juico irán nueve personas jurídicas (empresas y asociaciones) y 16 empresas a las que se busca cobrar reparaciones civiles (terceros civiles responsables).
En la primera audiencia de hoy, se comenzará con la presentación de todos los acusados y sus abogados. Si alguno no acude, se le declarará reo contumaz y se ordenará su captura para presentarse ante el tribunal. Luego, se resolverá cualquier oposición a la instalación del juicio. Si esto procede sin inconvenientes, el fiscal José Domingo Pérez podrá dar luego sus alegatos iniciales. Luego vendrían los del resto de partes.
La fiscalía acusa a Susana Villarán por doce presuntos hechos ilícitos, de los que se desprenden los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsas declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
En suma, se le acusa de haber liderado una red criminal que lavó más de US$ 11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014); y que a cambio de ello realizó pactos ilícitos con esas empresas, vinculadas a contratos o adendas.
En mayo de ese año, cuando enfrentaba un pedido de prisión preventiva, la exalcaldesa optó por admitir que recibió esos aportes, pero negar que ello haya sido un delito.
Inicialmente, la acusación incluía a Susana Villarán y otras 20 personas. Sin embargo, dos de ellas ya han fallecido. El caso más sonado por las circunstancias de su muerte, aún no aclaradas por las autoridades, es el del exgerente municipal José Miguel Castro.
Era el segundo acusado más importante, quien estaba sometido a un largo proceso de colaboración eficaz que aún no recibía sentencia y fue hallado muerto en su casa fines de junio. La fiscalía ha adelantado que pedirá que sus declaraciones como investigado, en las que confirma los aportes recibidos por la exalcaldesa, sean leídas durante el juicio.
El juicio se prevé como bastante complejo por el número de acusados, los cerca de 500 testigos que serían citados y los miles de documentos ofrecidos como pruebas. Los cálculos más optimistas apuntan a que el juicio duraría al menos doce meses.
Teniendo en cuenta esto, un juez impuso en julio pasado 36 meses de impedimento de salida del país contra Susana Villarán, como medida para asegurar su presencia en el país mientras el juicio avanza y resulta en una sentencia.
Doce delitos
La Fiscalía acusa a Susana Villarán por 12 hechos ilícitos, de los que se desprenden los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsas declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
