Comisión de Fiscalización revela presuntos delitos cometidos por el exmandatario
Según el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga los procesos de contratación realizados en el Ministerio de Cultura, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo “es la cabeza de una organización criminal”, la cual se habría dedicado a favorecer a personas de su entorno para favorecerlos en contratos con el Estado.
“El Presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, es la cabeza de esta organización criminal, dedicada a cometer delitos en agravio de Estado Peruano”, se lee en el capítulo 5 del referido informe, el cual aborda la responsabilidad del exjefe de Estado, quien fue vacado por favorecer presuntamente de manera ilegal al artista Richard Cisneros “Swing”.
Un personaje que resalta en esta “organización criminal” es su asesora Miriam Morales Cornejo, quien según dicho informe, “ella y el exmandatario coordinaron con funcionarios y servidores del Ministerio de Educación, para favorecer la contratación ciertas personas, como es también el caso de Luis Ángel Rivera Talledo.
En ese caso, la contratación no iba acorde con la hoja de vida de Rivera, con lo que evadieron “el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, realizaron contrataciones menores a 8 UIT a través de diversas Órdenes de Servicio, por un monto total de S/ 133,399.00”.
“SWING”
- La organización criminal se dedicó a favorecer a allegados del gobierno en contrataciones con el Estado, según informe.
Pero el caso más sonado en este contexto es la contratación a Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing”, a quien se le favoreció presuntamente de manera irregular en el Ministerio de Cultura, con diversas órdenes de servicio.
El informe detalla que los nexos con este personaje empezaron cuando colaboró con la campaña de Vizcarra en el 2016, cuando Vizcarra se desempeñaba como jefe de campaña del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
La Comisión Parlamentaria presidida por el congresista Edgard Alarcón constató que el Ministerio de Cultura contrató a Richard Cisneros por un total de S/ 175 mil, a través de nueve órdenes de servicio, desde julio del 2018 hasta abril del 2020.
Además, el informe resalta que el último contrato de Cisneros fue en abril del 2020, es decir en pleno estado de emergencia por la pandemia del Covid-19.
ALLEGADO
Sobre la cercanía que tuvo Vizcarra con Cisneros, la Comisión detalla varios aspectos. Refiere testimonios de periodistas referentes a que cuando Vizcarra llegó a la presidencia de la República, los hombres de prensa tenían que hablar con Cisneros para tener una entrevista exclusiva con el ahora exmandatario vacado.
Así también, indican que Cisneros radicó en Canadá el mismo periodo durante el cual Vizcarra Cornejo se desempeñaba como embajador del Perú en ese país.
PODER Y DELITOS
Con el favorecimiento al señor Cisneros y a otros más, la Comisión del Congreso revela en sus conclusiones que “estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el ex mandatario Martin Vizcarra, y sus miembros – servidores, asesores y autoridades en diversas entidades del Estado – para contratar a las personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado”.
En esta línea, el grupo de trabajo legislativo ha establecido la comisión de varios delitos de función ejecutados por el exmandatario, exministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo.
Según el documento y basados en la legislación penal, arguyen que los exfuncionarios “habrían incurrido en la comisión de delitos tales como peculado, colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias, falsedad genérica, encubrimiento real entro otros”.
COSTO
- La corrupción en el 2019, es decir en el gobierno de Vizcarra, costó al Estado más de S/ 23 mil millones.
Estos presuntos delitos señalados por la Comisión presidida por Edgar Alarcón, indica que “para cuantificar la corrupción pública, La Contraloría General de la República ha emitido una publicación, mediante la cual se estima que el Perjuicio al Estado por corrupción e inconducta funcional en el Perú, durante el año 2019 (en pleno Gobierno de Vizcarra) , ascendería hasta los S/. 23 297 036 682.
Cabe recordar que en consideración a lo expuesto por la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la mencionada investigación, este grupo de trabajo recomendó acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra por liderar una organización criminal, por infracción a la Carta Magna y la comisión de los delitos mencionados.
“En consecuencia corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”, sugiere el documento.
