Pruebas contundentes ponen a expresidente al borde de la cárcel 

 

El exconsejero Luis Miguel Caya reveló que el expresidente Martín Vizcarra habría extorsionado para que le entreguen coima de 2.3 millones de soles 

Dijo que Vizcarra debería estar retornando al penal de Barbadillo “en 15 días” y que, debido a la solidez del caso en su contra, “de ahí no saldrá nunca más”. 

Caya sostuvo que el exmandatario “tiene que pagar” por los presuntos delitos cometidos en Moquegua, Lomas de Iloy el Hospital Regional, asegurando que Vizcarra “ya está perdiendo el poder en el Ministerio Público y en el Poder Judicial“.

El exconsejero calificó de “contundentes” los alegatos finales del fiscal Germán Juárez Atoche y de la Procuraduría. Aseguró que durante el juicio “se ha demostrado cómo, cuándo, dónde, cuánto se le entregó como coima” por parte de empresas como Obrainsa. 

Mencionó que las pruebas incluyen colaboraciones eficaces, testimonios, mensajes de WhatsApp y la geolocalización de los implicados.

Según Caya, Vizcarra utilizaba las recomendaciones para presionar a los empresarios.

 “Con esa carta, Vizcarra ha ido a buscar a los empresarios y les ha dicho: ‘Si usted quiere que yo firme ese contrato, tiene que pagar, tiene que coimearme’”, relató.

Caya calificó estos actos como “extorsión”, comparando al expresidente con delincuentes comunes. 

“Un colaborador eficaz, un empresario, (está) diciendo: ‘Me he sentido extorsionado porque Vizcarra me dijo, si no me das el 1,300,000 soles, yo no firmo’”, enfatizó.

Ante el riesgo de una fuga, Caya hizo un llamado al presidente de la República para que el Servicio de Inteligencia “refuerce la vigilancia” sobre Vizcarra.

Asimismo, instó a la Cancillería a enviar una nota diplomática a las embajadas para impedir un posible asilo político. Advirtió que si el exmandatario logra huir, “sería responsabilidad de este gobierno” y podría generar protestas.

Para la fiscalía que lo acusa, durante el juicio seguido a Martín Vizcarra quedó probado que recibió S/ 2,3 millones en coimas de constructoras entre el 2014 y el 2016 y que incluso “vivió” a costa de ese dinero ilícito durante ese tiempo. Como consecuencia, pidieron a la Corte Superior Nacional (CSNJPE) que se le imponga una pena de 15 años de prisión y que esta se ejecute de inmediato, sin esperar una confirmación de segunda instancia.