El denominado cártel de la Construcción quedaría fuera Cayaltí
El conspicuo abogado azucarero Wilfredo Chero Villegas anunció que la Superintendencia del Mercado de Valores declaró la nulidad de la transferencia de acciones de la empresa agroindustrial Cayalti, que adquirió irregularmente Intipuquio SAC en el año 2015.
Intipuquio SAC, es una empresa de propiedad de la familia Tejeda, propietaria también de la constructora OBRAINSA, integrante del denominado “cártel de la construcción”, cuyo ex gerente Elard Tejeda ha reconocido haber pagado coimas al vacado ex presidente Martín Vizcarra.
Promesas incumplidas
En el año 2015, Intipuquio se hizo irregularmente del control de Cayalti, y nombró como gerente a Augusto Cilloniz Benavides, quien ofreció inversiones por más de mil millones de soles y la construcción de una fábrica de azúcar y etanol, para mejorar la situación económica de los trabajadores; sin embargo, cinco años después no han cumplido con ninguna de dichas promesas.
Por el contrario, Cilloniz ha vendido a precio de chatarra la ex fábrica de azúcar de Cayalti, y viene vendiendo indiscriminadamente las tierras de la compañía, lo que ha indignado a los trabajadores cayaltillanos, quienes además de ser los trabajadores peor pagados del sector azucarero nacional, registran un atraso de 25 meses en el pago de sus salarios.
Para hacerse del control de Cayalti, COFIDE cedió a Intipuquio, sin subasta pública, acreencias por más de 100 millones de soles que posteriormente fueron capitalizadas por un monto mayor y convertidas en acciones a favor de Intipuquio, sin que se haya realizado una Oferta Pública de Adquisición conforme manda la normativa del Mercado de Valores.
Lo delicado del caso, es que las acreencias capitalizadas corresponden a deudas poco transparentes asumidas por COFIDE durante el tiempo que estuvo al frente de la administración de la empresa, por lo que no corresponderían ser asumidas por Cayaltí, según cuestionan los trabajadores perjudicados.
Sospechosas ventas de tierras
Por su parte, la Superintendencia del Mercado de Valores, se ha tomado casi 5 años para declarar la ilegalidad de la toma de control de Cayalti por parte de Intipuquio, tiempo durante el cual Augusto Cilloniz, ha venido transfiriendo las tierras de Cayalti a terceros.
Al respecto existe una denuncia en trámite ante la Fiscalía de Chiclayo, contra Cilloniz y los miembros del directorio de Cayalti, porque se habrían transferido dichas tierras sin que exista pago alguno, e incluso a favor de una empresa representada por el mismo Cilloniz.
Tras el reciente pronunciamiento de la SMV que ordena, entre otras cosas, suspender los derechos que posee indebidamente Intipuquio en Cayaltí, aquella empresa ha puesto a la venta las acciones que adquirió indebidamente por un valor casi 6 veces mayor de su valor real de cotización en la Bolsa de Valores.
En simultáneo, Cilloniz Benavides ha puesto en venta otro lote de más de 1,500 hectáreas de tierras de Cayalti, ante lo cual, Wilfredo Chero, abogado de los trabajadores accionistas perjudicados, ha anunciado que demandará la nulidad de todas las transferencias realizadas por Cilloniz, y la restitución de la administración de la empresa a sus trabajadores.
Empresas involucradas en presunto lavado
En estas operaciones presuntamente irregulares se encontrarían involucradas las empresas Inversiones Yarabamba, Las Norias SAC, de la propia familia Tejeda Moscoso, y otras empresas como: el Fondo Cordiant Easy Access Trading, Inkas Berries, Agronegocios Génesis, entre otras, quienes serán investigadas por el presunto blanqueo de capitales del Cartel de la Construcción.
Para Wilfredo Chero, el ingreso y la permanencia de Intipuquio en Cayalti, es una muestra clara del nivel de corrupción que estuvo enquistado en el Poder Ejecutivo, durante los últimos años, y de como el cártel de la construcción encabezado por OBRAINSA se fue convirtiendo también en el «cártel azucarero» con el apoyo del gobierno anterior.
En palabras del letrado, el grupo Tejeda se habría coludido con el ex presidente Martín Vizcarra y los funcionarios de más alto nivel de su gobierno, para conformar una presunta organización criminal, con el objetivo de que OBRAINSA, haciendo uso de dinero de procedencia presuntamente ilícita, se apropie de Cayalti para obtener mayores ingresos ilícitos, en perjuicio de más de 4,000 trabajadores accionistas, que no perciben sueldos, ni utilidades desde hace más de dos años.
Fiscalía y Congreso deben intervenir
Por lo pronto, el propio Elard Tejeda ha reconocido el pago de coimas directamente al ex presidente Martín Vizcarra, y la SMV ha determinado en última instancia, la ilegalidad de la toma de control de Cayalti; lo demás está en manos de la Fiscalía y del nuevo Congreso, quienes tienen la obligación de investigar esta presunta red criminal, actualmente investigada por lavado de activos y otros graves delitos en Chiclayo.
