Durante el periodo anual de sesiones 2022-2023
Un total de 20 dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, fueron aprobados en el pleno del Congreso y promulgados como ley de la nación por el ejecutivo, durante el periodo anual de sesiones 2022-2023.
Así lo señaló el congresista José Luna Gálvez, presidente de este grupo de trabajo parlamentario, quien destacó que se ha dictaminado 171 proyectos de ley que se convirtieron en 59 dictámenes en un intenso trabajo.
Se realizaron 52 sesiones que significaron 250 horas aproximadamente.
En este periodo legislativo se tramitó con la prioridad exigida por ley, 20 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, incluido del crédito suplementario por más de 8,232 millones de soles.
La gestión de la Comisión, bajo la presidencia de José Luna Gálvez, se basó en cuatro ejes: Lucha contra la corrupción y el destrabe de las obras paralizadas; fiscalización y control político de la ejecución presupuestal del ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales, así como de las instituciones y empresas del estado, a fin de mejorar la ejecución presupuestal y la calidad del gasto, mediante una gestión por resultados; gestión con “rostro humano” necesario para atender las demandas sociales y laborales, sobre todo de los más necesitados, y la reactivación económica, con especial énfasis en los micro y pequeños empresarios, los informales y emprendedores.
“Nuestro esfuerzo se orientó a crear un clima de estabilidad social que permita promover las inversiones que generen empleo formal, fomenten el consumo, reactiven la economía y reducir las expectativas que incrementan la inflación; atender las demandas sociales embalsadas a lo largo de los años y reducir las inequidades”, explicó.
Otro objetivo planteado fue recuperar la labor de fiscalización y control de la ejecución presupuestal y promover la reactivación económica, con especial mirada a las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos.
Durante el análisis, debate y votación de la Ley de Presupuesto se contó con la participación de un representante de la Contraloría y dos funcionarios del MEF, para garantizar el trabajo técnico, legal y la transparencia.
