Javier Arce Alvarado presentó su renuncia debido a que no consignó en declaración jurada que estuvo en prisión por el presunto delito de usurpación de funciones.
Javier Arce Alvarado renunció a ser ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) luego de dos semanas en la gestión de dicho ministerio, ante esta situación el presidente aceptó su renuncia del exfuncionario.
Cane recordar que el cuestionado exministro juró el último 22 de mayo en reemplazo de Óscar Zea, congresista que se retiró hace unos días de la bancada de Perú Libre.
La renuncia se dio a través de una carta dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo, en la cual se hace presente la “renuncia irrevocable” de Javier Arce al Midagri, esto tras afirmar que dicha acción responde a decisiones personales.
“Asumí el gran reto de ser ministro de Estado en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego conociendo la responsabilidad que significaría teniendo como principal ideal el servir a mi patria. Sin embargo, por motivos de índole personales, presento mi renuncia irrevocable el cargo que vengo desempeñando”, se lee en la misiva enviada al mandatario el último sábado.
Javier Arce venía siendo cuestionado por varios legisladores no solo por no contar con la experiencia para poder gestionar el Midagri, sino también por no haber consignado en su declaración jurada que estuvo en prisión por el presunto delito de usurpación de funciones y que tendría otras investigaciones pendientes, esto según revelaciones del programa Cuarto Poder el último domingo 29 de mayo.
Por su parte, el mismo extitular Javier Arce, reconoció que tenía denuncias y que estuvo recluido en el penal San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones.
Ante esta situación, para el dominical el exministro estaría en la condición de reo libre ante el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima.
Asimismo, de acuerdo con el reportaje, el saliente ministro tenía 20 denuncias a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa: cinco en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.
