Daniel Soria ante maniobras para evitar su retorno a procuraduría
El abogado Daniel Soria se refirió a su destitución y posterior reposición al mando de la Procuraduría General del Estado, y dijo esperar que no sea la «mentira» la forma de trabajo cotidiana dentro del Gobierno.
Asimismo, indicó que, tras lo sucedido, pedirá al Poder Judicial que disponga las consecuencias en contra del presidente Pedro Castillo, ya que habría incurrido en una infracción constitucional.
«No quisiera entender que la mentira es una metodología de trabajo corriente en el Gobierno. No quiero pensar eso porque es muy grave que en un Estado esta metodología de la mentira continúe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pedirle al juez que aplique las consecuencias del Código Procesal Constitucional, que van desde multas, denuncias e incluso pedidos de destitución. La Constitución señala en el artículo 118 que el presidente, entre otras cosas, está obligado a cumplir las leyes y resoluciones judiciales. Si eso no pasa, hay infracciones constitucionales», dijo.
Soria repasó la cronología que acabó con su destitución como procurador. Indicó que el desencadenante fue la denuncia penal presentada ante la exfiscal Zoraida Ávalos por el caso Puente Tarata III.
«Hay una línea de tiempo objetiva, que empieza el 17 de diciembre de 2021 cuando el equipo de la Procuraduría hace una evaluación y se toma la decisión de presentar una denuncia penal ante la fiscal de la Nación contra el presidente de la República por elementos relacionados con el caso Puente Tarata. Esta denuncia es admitida por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la primera semana de enero de este año se decide abrir una investigación preliminar. Luego de ello hay un cambio de actitud de parte del ministro de Justicia de ese entonces, el doctor Aníbal Torres, donde se empieza a cuestionar el cumplimiento de los requisitos para yo ejercer el cargo de procurador. Y todo esto termina en la emisión de una resolución el 1 de febrero de este año, en una resolución extraordinaria de El Peruano, donde curiosamente ese motivo que tanto se predicaba y que uno de los abogados del presidente lo decía constantemente no es el fundamento de la resolución, sino es la aplicación de una norma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que no era aplicable a mi caso», manifestó.
