Brindar declaraciones como testigo ante la Fiscalía
Maritza Sánchez, exasistente de Dina Boluarte, deberá brindar sus declaraciones como testigo ante la Fiscalía por la investigación abierta en contra de la presidenta de la República.
A la jefa de Estado se le acusa de la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
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Anteriormente, la docente se ha pronunciado sobre Boluarte y ha afirmado que Henry Shimabukuro cubrió los gastos de la campaña electoral de la actual presidenta en el año 2021. Este financiamiento no habría sido declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A Shimakaburu también se le acusa de participar del caso “Gabinete en la sombra” del exmandatario Pedro Castillo.
La citación está programada para el 10 de abril desde las 9:30 a.m. y fue establecida por Richard Rojas, fiscal contra el lavado de activos. La convocatoria forma parte del proceso de investigación contra la presidenta de la República por el presunto financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre.
Fallo del TC complicaría manejo fiscal del Perú
Sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe a la Sunat aplicar el cobro de intereses moratorios de deudas tributarias en litigio, el vicepresidente y senior credit officer de la calificadora Moody’s, Jaime Reusche, afirmó que complicaría el manejo fiscal del Perú.
“La sentencia añade un elemento que complica el manejo fiscal del país y le genera otro reto más al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de mantener la política fiscal equilibrada”, indicó el analista económico de la calificadora internacional.
No obstante, el representante de Moody’s señaló que tienen la confianza de que las autoridades del MEF van a optar por medidas que compensen en algo los posibles efectos del fallo, pero precisó que es un reto innecesario más cuando se está tratando de hilar muy fino con las cuentas públicas.
Cabe recordar que hace algunas semanas el TC emitió su sentencia N° 03525-2021-PA/TC, que prohíbe a la administración tributaria aplicar intereses moratorios tras vencer el plazo legal para resolver el recurso administrativo, como una decisión que afecta el cumplimiento tributario.
