Fiscalía pide prisión para Chávez, Huerta y Sánchez

Por los delitos de rebelión y conspiración

Por los delitos de rebelión y conspiración

La situación legal de los exministros de Pedro Castillo se complica. Desde la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se ha pedido prisión preventiva por 18 meses para Betssy Chávez (expremier, exministra de Trabajo y exministra de Cultura), Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y Turismo).

“Esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración”, señaló el Ministerio Público con relación a su participación al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Cabe recordar que los tres estaban en Palacio de Gobierno cuando el expresidente intentó quebrar el orden constitucional el pasado 7 de diciembre.

El último 6 de abril el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial procedió con la formalización de la investigación preparatoria contra los tres exministros por presuntamente haber participado del fallido golpe de Estado. Estos son procesados por los delitos contra los poderes del Estado y orden constitucional – rebelión y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración.

Mientras el Poder Judicial decide si respalda o no el pedido de la Fiscalía sobre la prisión preventiva de Chávez, Huerta y Sánchez, se procederá con la investigación, la misma que durará ocho meses al tratarse de un caso complejo. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo ya cumple 18 meses de prisión preventiva por el mismo caso.  Este también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.

La expresidenta del Consejo de Ministros ha negado en todo momento que haya cometido algún delito el último 7 de diciembre. Al igual que figuras como Roberto Sánchez niega que dicho día se haya cometido rebelión ya que el golpe de Estado no se concretó y no hubo alzamiento en armas. La misma postura ha sido repetida en varias ocasiones por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo.


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