El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los intentos de socavar los resultados de las elecciones en Guatemala
La portavoz de la Secretaría General, Florencia Soto, fue preguntada por los últimos desarrollos en Guatemala durante su rueda de prensa diaria, se refirió a reportes sobre acciones de la Fiscalía contra miembros del Tribunal (Supremo) Electoral, de los comités electorales y de partidos políticos.
Guterres, dijo Soto «recuerda que las instituciones electorales deberían acometer su trabajo de manera independiente, respetando la libertad de expresión de la voluntad de los electores».
La ONU señaló que la segunda ronda de las elecciones en el país, este pasado 20 de agosto, se celebró de manera ordenada y remitió a las conclusiones en ese sentido de los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea.
Arévalo de León, candidato del Movimiento Semilla, superó el pasado domingo en la elección presidencial a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras varios intentos del Ministerio Público (Fiscalía) para apartarlo del proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se publicó una resolución en la que advertía de un posible magnicidio contra el presidente electo y la vicepresidenta, Karin Herrera, y pidió al Estado de Guatemala tomar medidas para proteger sus vidas.
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En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sometido a vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte, que se han incrementado tras la segunda vuelta electoral.
Por su parte, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, ha presentado este viernes un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que las medidas cautelares a favor del presidente electo, Bernardo Arévalo, se extiendan también a su persona, al jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y a la fiscal Cinthia Monterroso, luego de que la CIDH otorgara protección al líder del Movimiento Semilla y a su «número dos».
La fiscal general argumenta que la petición responde a las numerosas amenazas y llamamientos de manifestaciones a través de las redes sociales, por lo que ha pedido que se haga cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público.
Esto se produce en el marco de la solicitud presentada por el Ministerio Público de Guatemala al Congreso para la suspensión de la formación izquierdista Movimiento Semilla. Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
