Por Francisco Diez-Canseco Távara
Al cierre del 2018, espero que la tan anunciada liquidación de cuentas con Odebrecht permita finalmente la probanza y captura de varios delincuentes políticos que hasta ahora pregonan su inocencia y que hace mucho tiempo deberían estar tras las rejas por el daño inmenso que le han hecho al Perú.
El precio que está pagando nuestro país por la “confesión sincera” de los mafiosos de Odebrecht es, sin embargo, demasiado alto: una magra compensación de 610 millones de soles y la posibilidad de volver a contratar con el Estado peruano reflejan una pésima capacidad de negociación frente a los centenares de millones de dólares que han robado y la posibilidad de que vuelvan a las andadas en el futuro inmediato: como reza el dicho, gallina que come huevo aunque le quemen el pico”.
No se trata sólo de concentrarse en la determinación de la responsabilidad penal de políticos como García Pérez o la propia Keiko Fujimori, sino de hacerlo salvaguardando los intereses del país y el ejercicio de la justicia que, en virtud de las condiciones del citado acuerdo, resulta quebrantada y amenazada ya que, hasta ahora, son pocos los funcionarios del Estado que han caído y, por lo tanto, al interior de ese monstruo burocrático sigue más o menos intacta la capacidad de maniobra y de coima del cartel carioca.
¿O alguien cree que Odebrecht y sus colaboradores se han convertido súbitamente en santos y arrepentidos varones incapaces de realizar actos de corrupción?
A este tira afloja contribuye, sin duda, el conflicto interno existente en el Ministerio Público entre el Fiscal de la Nación y el equipo que investiga el caso Lava Jato y, dentro de él, concretamente el Fiscal José Domingo Pérez.
Y, por cierto, las ya transparentes maniobras de quienes consideran que la falta de asilo, puede compensarse incitando a la Fiscalía y al Poder Judicial al enfrentamiento y si fuera posible al caos.
Año Nuevo, vida nueva: deben mejorarse sustancialmente las condiciones del convenio de colaboración eficaz con Odebrecht cancelando toda posibilidad de que pueda contratar con el Estado e ir a fondo con la condena de los corruptos.
