El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, encaró al ministro de Justicia, Eduardo Arana, por anunciar que la mandataria había renunciado a su inmunidad para “enfrentar” la investigación por las muertes en protestas, pese a que esta disposición constitucional es irrenunciable.
“Desmiento categóricamente esta situación, no sé cuál habrá sido la fuente del ministro, […] que es asesor jurídico de los actos de Gobierno del presidente de la República. En este caso, el asesor jurídico de la investigación, soy yo. Creo que lo que hubiera correspondido es que yo conozca, antes que él mismo, esta decisión. Probablemente, ha sido una mala interpretación”, zanjó el letrado en una entrevista difundida en TV Perú.
“Las prerrogativas no le pertenecen personalmente a quien tiene el cargo, sino a la función presidencial. [Boluarte] puede renunciar a la Presidencia, sí, pero específicamente a las prerrogativas que son protecciones del cargo, no. […] No es tan sencillo que alguien pueda disponer porque se blinda el cargo”, agregó el defensor.
Arana había señalado que, “en Consejo de ministros”, Boluarte anunció que renunciaba “a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia” presentada en la víspera por la fiscal general, Patricia Benavides, ya que “no teme a que se demuestre que tiene responsabilidad penal” en los decesos por represión durante las manifestaciones antigubernamentales de 2022 y 2023.
El funcionario expuso que la mandataria les comunicó esta decisión al Consejo de Ministros, liderado por el premier Alberto Otárola, a fin de que ratifique su nula responsabilidad por los fallecimientos en las marchas.
«La señora presidenta nos ha señalado, en Consejo de Ministros, que ella renuncia a esta inmunidad para poder enfrentar la denuncia. Ella no teme y quiere que se ratifique que no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron (muertes en protestas)», expresó a nuestro medio.
En ese sentido, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dijo que tal postura es un «acto democrático» que demuestra el compromiso de este Gobierno en que se conozca la «verdad».
