El Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Decreto Legislativo N° 1589 que ha modificado la pena de quienes bloqueen carreteras, obstaculicen los servicios públicos, o afecten estructura de puertos, aeropuertos, informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Para el caso de bloqueo de carreteras, las sanciones van de 10 a 15 años de pena privativa de la libertad, según el DL N° 1589.
“Las penas esta vez serán severas y efectivas. Se está estableciendo que a través del numeral 3 del artículo 315 del Código Penal, si se afecta las vías terrestres y nacionales, departamentales y fluviales, si se afecta la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, estos delincuentes serán reprimidos con una pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretenden cortar o suspender los derechos de todos los peruanos”, expresó Otárola.
Durante la conferencia, el titular de la PCM también sostuvo que quienes intenten entorpecer los servicios públicos serán sancionados hasta con 10 años de cárcel y todos los que participen en disturbios durante las protestas, brindando dinero y/o artículos, tendrían una condena de seis años de prisión.
La norma ha sido publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana.
Diversos gremios, colectivos, y grupos extremistas se unirán en una jornada de protesta este próximo jueves 7 de diciembre. Ellos exigen el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
En estas marchas también participarán el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, así como Perú Libre, agrupación política que llevó al poder al golpista Pedro Castillo y cuyo máximo dirigente Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia, ambos implicados en actos de corrupción.
Las protestas son impulsadas por grupos radicales y también por algunos integrantes de la llamada izquierda caviar, que en su plataforma también busca la caída de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es víctima de una campaña de demolición para sacarla del cargo. La titular del Ministerio Público fue la que abrió investigación a Pedro Castillo por golpista y por graves casos de corrupción.
Las protestas sociales se iniciarán el 7 de diciembre; no obstante, están previstas para los días siguientes: viernes 8 y sábado 9 de diciembre. Aunque no se ha precisado oficialmente el punto de concentración, es probable que los ciudadanos se congreguen en los alrededores del centro histórico de Lima. Algunos de los puntos más usuales son plaza Dos de Mayo y plaza San Martín.
