El Consejo de la Prensa Peruana ha advertido que el Ministerio Público se está transformando en un serio agresor contra la prensa
Siguiendo los pasos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Consejo de la Prensa Peruana emitió esta semana una declaración con respecto al presunto acto de vigilancia ilegal contra periodistas, señalando que este habría sido coordinado desde el interior del Ministerio Público bajo la supervisión de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Mediante un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana indicó que la Fiscalía de la Nación está en el epicentro de la controversia después de una investigación que reveló el seguimiento y espionaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, de los medios «La República» y «Sudaca».
El pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana detalla que la vigilancia, que abarcó la videovigilancia de sus residencias y el seguimiento de sus actividades, se prolongó durante ocho meses.
Estos hechos denunciados por diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, han generado preocupación acerca de la libertad de prensa en el país.
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La investigación
Estos dos periodistas estuvieron llevando a cabo investigaciones sobre el caso de corrupción conocido como «Los Cuellos Blancos del Puerto», que implica a fiscales y funcionarios del sistema de justicia peruano.
Patricia Benavides, quien anteriormente se desempeñó como fiscal de la Nación y actualmente está suspendida de sus funciones, habría designado a Romero y Tafur como sospechosos en una investigación para legitimar legalmente el seguimiento.
Hasta ahora, no se ha confirmado si otros profesionales de la prensa han sido sometidos a estas prácticas de «reglaje» o seguimiento, según indica el comunicado.
El Consejo de la Prensa Peruana ha alertado sobre la transformación del Ministerio Público en una seria amenaza contra la libertad de prensa. Varios periodistas han denunciado que la Fiscalía les ha exigido revelar sus fuentes e información, y en algunos casos, entregar pruebas de sus investigaciones sin el debido proceso legal.
Esta situación se presenta de manera recurrente, especialmente en los casos relacionados con investigaciones de corrupción.
En los últimos meses, varios periodistas han denunciado ser objeto de seguimiento por parte del Ejército del Perú. Otros profesionales de la comunicación han advertido sobre estas prácticas, las cuales suelen asociarse con regímenes autoritarios y dictaduras, subrayando la gravedad de tales hechos para la democracia y la libertad de prensa en el país.
Recientemente, Carlos Jornet, líder de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, rechazó las acciones llevadas a cabo bajo la gestión de Benavides y afirmó que «se trata de un caso de abuso de poder de la fiscal de la Nación, que respaldó investigaciones contra periodistas debido a su línea editorial crítica».
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