El fiscal general Tarek William del régimen chavista imputó a Sebastiana Barráez y más periodistas por el delito de «traición a la patria»
En un nuevo ataque contra la libertad de expresión, la dictadura de Venezuela emitió este lunes órdenes de arresto para detener a Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y a otros comunicadores y activistas por los derechos humanos.
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, en un comunicado a la nación, señaló a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, así como a los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, acusándolos de estar relacionados con «acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco».
“Los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación”, señaló el fiscal chavista.
En su declaración del lunes, Saab afirmó que desde mayo hasta la fecha se han detectado múltiples conspiraciones contra el dictador Nicolás Maduro, mencionando la ocurrencia de cinco nuevas conspiraciones.
“Producto de la información recabada se solicitó el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados con estos planes, las cuales fueron acordadas”, agregó.
En relación con esto, el fiscal de la dictadura venezolana informó que fueron arrestadas varias personas, incluyendo a Anyelo Julio Heredia Gervacio, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.
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Además, especificó que desde mayo pasado un total de 31 personas, tanto civiles como militares, han sido detenidas, y anticipó que en los próximos días se llevarán a cabo nuevas detenciones.
Sobre el ex militar Anyelo Heredia, indicó que fue detenido el pasado 16 de enero en una zona rural cerca de la frontera en Táchira: “Este ciudadano tenía dos órdenes de aprehensión, una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil”.
El régimen chavista lo acusa de haber participado de un plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, situado en Táchira.
Saab afirmó que la intención de Heredia era tomar el control del armamento de ese cuerpo castrense, y luego atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de ese estado venezolano, y “posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del Presidente Nicolás Maduro, indicando el vaciado la participación directa de varios militares y civiles”.
Suju compartió sus comentarios en redes sociales sobre la orden de arresto: “Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo, etc., por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían”.
“El Fiscal de la Dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso (…) La familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de Información”, agregó.
Y concluyó: “Que patético eres William Saab, el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la Tiranía”.
Este anuncio se produce en un momento en el que la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha estado instando al régimen de Maduro a liberar a todos los presos políticos y asegurar condiciones para elecciones libres.
En noviembre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en Venezuela persiste «un régimen constante y sistemático de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes. La SIP señaló que los periodistas enfrentan hostigamiento por parte del régimen, siendo acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción.
En su informe, la SIP detalló al menos 22 casos concretos que evidencian la persecución a la prensa, incluyendo el cierre de emisoras y espacios informativos, intimidación a periodistas y medios por parte de funcionarios públicos, así como el bloqueo de portales digitales.
El dictador Maduro y la cúpula del régimen enfrentan numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diversos organismos, incluyendo la OEA y la ONU. Además, la Corte Penal Internacional (CPI) está llevando a cabo una investigación sobre estos delitos.
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