La ciudadanía sigue descontenta por la falta de políticas públicas en seguridad ciudadana. ¿Esto significa que el gobierno no encuentra el rumbo en seguridad ciudadana?
Definitivamente que en esta gestión de gobierno no se ha logrado controlar la delincuencia ni la inseguridad. Reitero lo que he afirmado anoten el sentido que enfrentar a la delincuencia no pasaba por declarar el estado de emergencia distrital ni mucho menos por cerrar tribunas en los estadios; las políticas de seguridad ciudadana tienen que estar estratégicamente planificadas sobre la base de un plan de inteligencia policial y también de contrainteligencia para detectar a los malos elementos y funcionarios corruptos y en general, se necesita un gran plan nacional de seguridad ciudadana que también apunte a desactivar los mercados criminales.
En atención a su respuesta anterior ¿El gobierno adopta medidas facilistas o populistas?
Las medidas dictadas son sin sentido y sin ninguna repercusión en la ciudadanía. Por esta razón es que no se ataca la problemática, sino que, ante la falta de políticas de seguridad, la criminalidad se acrecienta y sobre todo se infiltra en todos los escenarios posibles, tales como fronteras, zonas costeras, selva y el corazón comercial de la ciudad controlando por ejemplo el mercado de celulares robados.
¿Cuál es su opinión respecto de los últimos acontecimientos políticos suscitados en el Ministerio Público, con el caso de la Fiscal Benavides?
Como lo manifesté en una anterior entrevista, este tipo de escenarios hay que analizarlos con pinzas, es decir mucho cuidado; en la medida que, es innegable que al interior del propio Ministerio Público habrían supuestos intereses y disputas de ciertos sectores que están enfrentados por la conducción de esta importante entidad pública, aparentemente dirigidos por intereses políticos, que habría incluso tenido un impacto en la JNJ; por esta razón hay que ser cautelosos y observar el desarrollo de las investigaciones fiscales con prudencia y sin precipitaciones de favoritismos de ninguna índole.
¿Qué opinión le merece las decisiones adoptadas por la Junta Nacional de Justicia en el caso de la Fiscal de la Nación?
Considero que fueron decisiones adoptadas de manera precipitada, cargadas de subjetividades y, sobre todo, para satisfacer ciertas exigencias que responden a otros intereses y a disputas de poder. Definitivamente, la decisión de la JNJ desencadenó acontecimientos que sectores políticos exigían, pues no es ningún secreto que, en los últimos años, cierto sector del Ministerio Público ha venido utilizando sus capacidades, en cierta forma y en algunos casos, no en todos, para neutralizar intereses opuestos a políticas oficialistas, sin que esta opinión signifique tomar partido por nadie, en la medida que, en estos casos el análisis debe ser estrictamente jurídico y despojado de cualquier tendencia política, más aún si está en manos del tribunal constitucional resolver la contienda de competencia planteada por la Fiscal Benavides entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público.
¿Considera usted que la justicia está politizándose?
La politización de la justicia es siempre un riesgo latente, más aún cuando los intereses políticos se infiltran en los poderes del Estado, por esta razón es importante defender las bases de nuestro Estado de Derecho y democrático cuyo equilibrio se sustenta en la autonomía de los poderes del Estado sin injerencias de ningún tipo. Es por ello que se debe respetar la autonomía de la magistratura, evitando injerencias políticas en la designación de fiscales y jueces, quienes deben ser profesionales que no se deban ni respondan a ninguna tendencia política.
