Dicha acción genera nuevas críticas por los posibles impactos en la gestión y conservación de los recursos forestales en el país.
La polémica en torno a la modificación a la Ley Forestal, que podría acelerar la deforestación y degradación de los bosques en el Perú, no se ha calmado. El martes 20 de febrero, el Gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso el proyecto de Ley N° 7085, una medida encaminada a simplificar el proceso de exportaciones forestales.
La propuesta legislativa se centra en la reducción de los requisitos para las inspecciones oculares del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
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La meta principal sería agilizar la autorización para el manejo de especies forestales que se encuentren en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), donde figuran las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
De esta manera, Soto, quien dio luz verde en enero a la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, omitiendo reconsideraciones presentadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes. Ahora lleva la responsabilidad de dar celeridad al proceso legislativo que podría marcar nuevamente un antes y un después en la legislación forestal vigente.
Respecto a ello, el abogado en materia ambiental César Ipenza manifestó a través de su red social X que esta acción por parte del Ejecutivo plantea una preocupación sobre la flexibilización de normas en beneficio de intereses económicos privilegiados en perjuicio de la población peruana.
