El 2023 fue el fin de un ciclo económico favorable en el Perú: recesión, baja recaudación tributaria y proyecciones negativas. Un PBI de (- 0.55%) hereda José Arista como nuevo ministro de Economía y Finanzas.
El Gobierno con sus continuos despropósitos “viene debilitado el marco fiscal y la institucionalidad”.
El Perú no debe superar el déficit en 2,4% del PBI y el porcentaje para el 2023 cerro en 2,8%. A pesar que hay un compromiso de ajustar el déficit de forma paulatina: 2.4% en 2023, 2% en 2024, 1.5% en 2025 y 1% en 2026.
La regla del déficit fiscal establece el límite de hasta dónde se debe permitir un desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado.
En cuanto a la trayectoria fiscal futura, Moody’s prevé un cumplimiento del techo para el 2024 ubicado en el 2% del PBI, asumiendo que la economía peruana crezca en torno al 2,7%, un ritmo inferior al 3% proyectado por el MEF y el Banco Central de Reserva. Pero otras instituciones como el Banco Mundial 2.5%, IPE proyectan un crecimiento de 1.9%.
La recuperación de la confianza es vital para tener un rebote favorable, considerando que deberíamos crecer a 5% anual para absorber a la mano de obra juvenil, pero apenas llegaríamos a poco más del 2%.
La inauguración del megapuerto de Chancay, la creación de Zonas Económicas Especiales, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la APEC son claves para revitalizar la imagen del Perú. Además, son importantes las mejoras en infraestructura vial y el destrabe de proyectos.
Luego que la recaudación colapsó -12,3% en 2023, el panorama para este año se agrieta si el precio del cobre no sube, pues dependerá de reactivar los motores de la economía. La presión tributaria bajó a 15,1%, la mitad que países OCDE, lo que nos aleja de ingresar a ese bloque.
El carácter extractivo de la economía le pasó factura en 2023, con una recaudación que se desplomó al ritmo de los menores precios del cobre y la recesión que de repente, no podrá revertirse el 2024.
En 2023, los ingresos retrocedieron 12,3% luego de pasar de S/157.776 millones en 2022 a S/147.246 millones, en gran medida por una caída de las captaciones por Impuesto a la renta (-15,8%) e IGV (-11,1%), según una evaluación reciente del grupo CooperAcción, que delata una caída cercana de dos puntos porcentuales hasta 15,1% en la presión tributaria.
A lo acotado debe agregarse otros factores, como la farra fiscal promovida desde el Congreso mediante leyes con el propósito de beneficiar a los más vulnerables, y las exenciones para sectores, como la reducción de IGV a 8% para para impulsar reactivación de hoteles, restaurantes y alojamientos turísticos hasta el 31 de diciembre del 2024.
Hay temas estructurales como mejorar la labor de Sunat y formalización de la economía.
Con un déficit fiscal de 2,8% en 2023, si no salimos de la recesión y el cobre no incrementa sus precios, solo quedará endeudar al país o incrementar los impuestos sobre una magra base tributaria.
(*) Economista.
